"¿Y el combate a la corrupción, presidente?" Oposición exige que investiguen a Felipa Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Políticos de la oposición, es decir, del PAN y del PRD cuestionaron el combate a la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todo después de que se conoció que la prima hermana del titular del Ejecutivo obtuvo contratos por 325 millones de pesos en Pemex y exigieron una investigación de la Secretaría de la Función Pública.

Primero el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, preguntó al Presidente de la República por el combate a la corrupción en su administración y cuestionó si cuando son sus cercanos, mejor de eso no se habla.

"¿Y el combate a la corrupción, presidente? O cuando es de sus cercanos, mejor no hablamos", lanzó a través de un mensaje en su red social de Twitter.

Por su parte, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, demandó que la Secretaría de la Función Pública investigue los contratos directos que el IMSS, ISSSTE y Petróleos Mexicanos, han asignado de manera directa a la empresa de Felipa Guadalupe Obrador; y alertó que el nepotismo se está haciendo costumbre en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con un reportaje del columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola, Pemex ha otorgado a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe, prima del Presidente de la República, sin licitación de por medio, contratos por más de 365 millones de pesos.

Pero Pemex no es la única dependencia que ha asignado contratos de manera directa a Litoral Laboratorios Industriales, también lo han hecho el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el IMSS y el ISSSTE.

Por esto, Verónica Juárez resaltó la contradicción entre los dichos de Andrés Manuel y los hechos. Recordó que en junio de 2019 el Presidente de la República envió un memorándum dirigido a su gabinete, a directores de empresas y organismos paraestatales, así como a servidores públicos en general; en el que resaltó que en su gobierno "no se permitiría el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer propuestas ni acuerdos en nombre del gobierno".

El Ejecutivo Federal resaltó en el documento que "no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados".

La diputada federal por Jalisco, recordó que no es el primer asunto en donde familiares del Presidente de la República se benefician de su parentesco o que son señalados de presunta corrupción o supuestos delitos.

Citó el caso de Concepción Falcón, cuñada de AMLO, involucrada en el presunto desfalco de 223 millones de pesos al gobierno de Macuspana, Tabasco; donde se desempeñaba como síndico, por cuyo hecho el Congreso Estatal desapareció los poderes locales.

También está el de Pío López Obrador, quien fue grabado recibiendo dinero por parte de David León Romero, que, como ya fue aceptado por el Presidente, estaba destinado a fortalecer el movimiento que encabezaba rumbo a las elecciones de 2018.

"Ninguno de estos presuntos actos de corrupción han sido sancionados, tanto en el caso de Concepción Falcón como en el de Pío, sin esperar los resultados de las investigaciones de las instituciones correspondientes, el Presidente los ha exonerado. Para él, estos hechos no son comparados con los prácticas de corrupción del pasado del que tanto se queja", señaló.

"No son, sin embargo, los familiares del Presidente los únicos casos en los que se ha incurrido en presunto nepotismo, influyentismo o amiguismo, puesto que hay otros como los hijos de altos funcionarios, el de Manuel Bartlett, por ejemplo; amigos o compadres, tal como se ha señalado respecto Rocío Nahle; que se han beneficiado con contratos millonarios por parte de dependencias mediante asignaciones directas", señaló.

"En ninguno de estos hechos ha habido consecuencias legales más allá de las suspensiones de algún contrato. Ni tampoco sanciones para los altos funcionarios del gabinete involucrados. El propio Presidente los ha exonerado y así no hay combate contra la corrupción que tenga seriedad ni viabilidad", concluyó Juárez Piña.