Por más que desde Palacio Nacional se diga lo contrario…

POR MÁS que desde Palacio Nacional se diga lo contrario, cada día va quedando más claro que la reacción de las autoridades ante la pandemia de Covid-19 está siendo tardía y lenta... muuuy lenta.

PARA MUESTRA, ahí está la declaración de Andrés Manuel López Obrador ayer en Tlaxiaco de que, ahora sí, para el lunes a las 9:00 horas, van a tener “afinado” el plan para que un “posible brote” no los tome “sin preparación suficiente”.

Y MIENTRAS los políticos se siguen reuniendo, los técnicos advierten del freno burocrático que las autoridades le pusieron a la posibilidad de hacer pruebas rápidas de manera masiva de la mano de la iniciativa privada.

Exámenes que, por cierto, se realizaban sin problema a finales del mes pasado.

¿SERÁ que la prioridad del gobierno es detener el contagio de la enfermedad o presentar todos los días a las 19:00 horas cifras para justificar que no se han equivocado con su estrategia?

Es pregunta cuya respuesta puede resultar perjudicial para la salud.

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A LA COMPLEJIDAD que enfrentó en estos días el canciller Marcelo Ebrard en la negociación con Estados Unidos para el cierre parcial de la frontera por el Covid-19, se sumó la ya muy prolongada ausencia del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade.

CUENTAN que el propio secretario Ebrard fue quien sostuvo una laaarga reunión con el embajador Christopher Landau el miércoles y ha mantenido el contacto directo con autoridades estadounidenses dado que el encargado de la relación con ese país nomás no aparece por el continente americano.

SEGÚN ESTO, Seade está varado en Hong Kong -donde tiene familia- desde principios de febrero, por lo que ya lleva casi dos meses haciendo “home office”.

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AUNQUE el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, anda muy ocupado con la revisión de las gasolinerías y las gaseras, muchos padres de familia quieren que esa dependencia se asome a las escuelas privadas de la CDMX por una práctica que nomás no les cuadra.

VARIAS empresas educativas están condicionando la reinscripción de los alumnos a que sus padres paguen por el servicio obligatorio de transporte escolar que, además, tiene una cuota única sin importar si los niños viven a menos de un kilómetro del plantel o al otro lado de la urbe.

QUIZÁS lo más raro del asunto es que la Suprema Corte declaró inconstitucional el Programa de Transporte Escolar Obligatorio desde febrero del 2017 por lo que, legalmente, no se puede imponer a los padres ese desembolso.

Ojo ahí, Profeco.