Collado, de distractor a golpe estratégico

El que haya sido una investigación que inició apenas el pasado 7 de junio la Fiscalía General de la República, atraída desde Querétaro, que se armó y documentó en menos de un mes entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y los investigadores de la FGR, que se presentó ante un juez apenas los primeros días de julio la petición de la orden de aprehensión y que se decidió ejecutarla justo la tarde del día en que el secretario de Hacienda cimbró al gobierno federal con su estridente renuncia, no significa que el caso contra Juan Collado no sea un expediente armado con toda la solidez para convertirse en un golpe letal y estratégico no sólo al abogado, sino contra sus principales amigos y clientes.

Porque nadie duda que la decisión de detener a Collado Mocedo la tarde del martes, obedeció a una orden directa “desde arriba” y a una maniobra para restarle presión a la incertidumbre y el nerviosismo que provocó en la sociedad y en los mercados financieros la dura renuncia de Carlos Urzúa a la Hacienda pública.

Pero eso no quita que detrás de la acción judicial contundente de la FGR se haya calculado quirúrgicamente el impacto político y mediático que esa detención y el proceso penal al que ayer miércoles fue vinculado tendrá en el grupo político del que forma el acusado.

Los nombres de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri aparecen mencionados en al menos dos ocasiones como “los verdaderos propietarios” de Libertad Servicios Financieros y como socios con “participación accionaria” (propiedad disfrazada) en la denuncia que presentó Sergio Hugo Bustamante Figueroa y también en la orden de aprehensión que otorgó el Juez de Distrito Jesús Eduardo Vázquez Rea apenas el 6 de julio pasado a las 18:00 horas con base en la causa penal 269/2019, por los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Es decir, que este caso no se agotará con la detención del abogado Juan Collado, sino que podría escalar a un citatorio o incluso una posible investigación a los dos expresidentes de la República y al gobernador de Querétaro y el líder del PAN en el Senado, por los manejos y transferencias financieras irregulares, algunas que se sospecha son con “recursos de procedencia ilícita” y la creación de “empresas fachada o fantasma”, de la Sociedad Financiera Popular, que es la figura por la que está registrada Libertad Servicios Financieros, de la que era presidente del Consejo de Administración el abogado Juan Collado.

De hecho, en la citada orden de aprehensión se refiere, por afirmación del denunciante, que Libertad Servicios Financieros realizaba con frecuencia transferencias de dinero a España y Andorra, en Europa, y se pide corroborar, en el pasaporte del abogado Collado, los constantes viajes que realizaba a esos dos países europeos.

Al expresidente Enrique Peña Nieto se le ubica actualmente en España, nación a donde ha viajado con frecuencia en los últimos meses en compañía de su novia, y en donde, en diciembre pasado, sostuvo una reunión y un supuesto “viaje de vacaciones” con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su sobrina, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

La pregunta que surge es cómo fue que Juan Collado se hizo del control de Libertad Servicios Financieros y cómo, supuestamente, entraron como accionistas de esa sociedad popular federal, los expresidentes Salinas y Peña, si esa antigua Caja Popular fue hasta 2014 propiedad de Amado Yáñez, Martín Díaz y los hermanos Rodríguez Priego.

¿Será que después del proceso penal a Yáñez por el caso Oceanografía, Libertad cambió de dueños?

Así que con la detención de Juan Collado, quien era el abogado no sólo de exmandatarios como Peña y Salinas, sino de personajes como Carlos Romero Deschamps, además de amigo personal de varios ministros de la Corte como Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, varios de esos personajes de poder se quedarán sin su estratega y defensor legal, algo que ellos tenían considerado ante posibles acusaciones.

Pero también, si se llega a demostrar la participación de los expresidentes como accionistas o presuntos propietarios de Libertad Servicios Financieros, el golpe de la FGR sería también financiero, pues se les cortaría una de sus fuentes de recursos económicos.

Entonces, queda claro que, si bien fue usado para aplicar la ya célebre “caja china”, ahora en los tiempos de la 4T, el caso Collado también tiene un trasfondo mucho mayor: el fin del supuesto “pacto de impunidad” que se decía sellaron Peña Nieto y López Obrador para no tocar al exmandatario.

Si ese pacto existió, con la constante aparición de su nombre en casos, denuncias e investigaciones, parece que se diluyó. Y hoy todos los caminos (de la corrupción) parecen llevar a Peña Nieto...

Los dados mandan Escalera.

Mejora el tiro.

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