Inician “limpia” en Poder Judicial; un ministro en la mira
Antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzara contra los “jueces corruptos que liberan delincuentes del fuero común” en su mañanera del viernes pasado, en el mismo Poder Judicial ya habían comenzado a revisar los casos de juzgadores que dan protección y están al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso de algunos jueces que andan armados y con escoltas proporcionadas por ese cártel.
La orden de iniciar una “limpia” de jueces, magistrados y hasta ministros involucrados en actos de corrupción o protección a presuntos delincuentes, salió del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, bajo la lógica de que el Poder Judicial debe reformarse a sí mismo, si no quiere que lo reformen desde afuera.
Por ello ordenó que el Consejo de la Judicatura reactivara de inmediato las investigaciones y denuncias contra juzgadores federales, procediendo a la destitución del juez del caso de los Porkys en Veracruz y de varios magistrados acusados en Campeche, luego de que en los últimos dos años del gobierno de Peña Nieto y de la presidencia de Luis María Aguilar en la SCJN no se procesó a ningún juez y extrañamente tenían “congeladas” las denuncias en contra de los impartidores de justicia.
Pero en la operación para “limpiar” al Poder Judicial de corrupción, no sólo se han detectado los casos de jueces corrompidos por la delincuencia organizada; también se han encontrado juzgadores que están dando protección a “delincuentes de cuello blanco” al cambiar criterios para facilitarles evadir la justicia o que no prosigan las investigaciones contra ellos.
En concreto, las investigaciones internas ordenadas por el presidente de la Corte, han encontrado que hay jueces que están hasta complicando las investigaciones que solicitan agencias extranjeras como la DEA y el FBI sobre lavado de dinero y defraudación fiscal relacionadas con importantes empresarios del sexenio pasado.
Y es que antes de terminar el gobierno de Peña Nieto, el equipo de transición de López Obrador identificó que se querían cambiar los criterios y mecanismos con los que la administración de EPN metió a la cárcel a gobernadores corruptos.
Entonces el equipo de AMLO supo de varios funcionarios del sexenio pasado que, “de la mano con el ministro Eduardo Medina Mora”, impulsaron “nuevos criterios” para que para la investigación de cuentas que realiza la CNVB y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se requiriera una doble judicialización: una para abrir cuentas y otra para imputar delitos.
Con ese esquema tardarían años en investigar y consignar delitos.
Los peñistas buscaban, en los hechos, desarmar y desmantelar la estructura legal y fiscal con la que ellos consignaron a Javier Duarte y a Roberto Borge.
Ahora, en las investigaciones internas del Poder Judicial, aparece que otra vez, de la mano con Medina Mora, hay grupos que intentan cambiar en la Segunda Sala de la Corte los criterios para el congelamiento de cuentas en las que se sospecha existió algún delito, por lo que investiga si algunos ministros, magistrados y jueces afines al antiguo régimen siguen cabildeando —y en algunos casos suponen hasta cobrando— por estos asuntos.
El ministro presidente Zaldívar reconoció el viernes que han cesado jueces y que se reactivaron “varias investigaciones que el Consejo de la Judicatura Federal había inexplicablemente congelado”.
En la Judicatura un “equipo de auditoría” trabaja de la mano con autoridades nacionales y extranjeras “para cesar y consignar a jueces corruptos”.
Como nunca el Poder Judicial, y con él sus jueces, magistrados y ministros están en la mira y con presiones para reformarse ellos mismos o ser reformados por los otros Poderes.
La batalla —dicen en el despacho principal de la Suprema Corte— es hacia dentro y hacia afuera”.
¿La ganarán?
