Remuneraciones, equilibrios en la Corte y la fuerza de AMLO

La discusión sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que arranca con el proyecto presentado ayer por el ministro Alberto Pérez Dayán a sus colegas, en el que propone invalidar totalmente la primera ley aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso y el eje toral de la “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, será un buen termómetro para medir cómo quedaron los nuevos equilibrios en la Suprema Corte, tras la reciente integración de dos nuevos ministros afines al lopezobradorismo, y cómo está también la nueva relación entre el titular del Ejecutivo y el Poder Judicial, a partir de la presidencia de la Corte que encabeza el ministro Arturo Zaldívar.

Porque en la definición de si es o no constitucional que ningún servidor público federal, no sólo del gabinete legal y ampliado, sino de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos y descentralizados del gobierno, gane menos que el presidente de la República, con su salario de 108 mil pesos mensuales, se estaría definiendo si la mayoría de la Corte da un duro revés político a López Obrador, al dar la razón a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el INE y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o si al declarar que dicha ley constitucional, confirma y legitima el proyecto de austeridad obligatoria impuesta por el Ejecutivo a todos los poderes e instituciones del Estado mexicano, como norma principal de a 4T.

Aunque ayer se filtró la presentación del proyecto de Pérez Dayán y se conoció del turno otorgado a estas dos acciones de inconstitucionalidad, en la SCJN estiman que será hasta dentro de 15 días cuando se dé el análisis y la discusión en el Pleno de la Primera Sala y, contrario a la propuesta del ministro Pérez Dayán, que plantea la declaración de inconstitucionalidad y por lo tanto la posible anulación de la Ley, bajo el argumento de que hubo fallas en el procedimiento legislativo, hay otras fuentes internas en la Corte que creen “poco probable” que se declare inconstitucional la legislación.

Y es que un fallo adverso significaría todo un problema para el presupuesto, cuyos montos fueron definidos tomando en cuenta los tabuladores salariales en los que ningún funcionario, tiene ingresos superiores a los 108 mil pesos mensuales; el mismo criterio se aplicó a los organismos autónomos como los que promovieron la controversia, INE, CNDH, Inai y el Banco de México salvo algunas excepciones permitidas por la ley.

En todos esos casos, de haber un fallo de inconstitucionalidad, se tendrían que retabular los salarios.

Veremos, pues, si hay nuevos equilibrios de fuerzas internas en la SCJN y si son más favorables a la 4T, sobre todo a partir de la llegada de los dos nuevos ministros propuestos por AMLO, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Mossa, con los nuevos cabildeos del consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, y también la relación más cordial y dialoguista entre el presidente y la Corte, a partir de la salida de Luis María Aguilar, con quien hubo un choque frontal, y la llegada a la presidencia del Poder Judicial del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

¿Cuál es la fuerza o la influencia que López Obrador logró en la Corte?

Esta discusión será el termómetro.

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