Acabado el neoliberalismo, ¿qué sigue?

Identificado desde el arranque de su gobierno como la causa principal de la mayoría de los males del país, el modelo neoliberal que dictó la política y la economía de los últimos 30 años en México, ha sido declarado oficialmente “abolido” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin tener aún una definición plena de cuál será ahora la nueva política económica de su gobierno y cuáles las directrices y prioridades que seguirá la conducción política y social en su sexenio, el mandatario llamó de hecho a construir un nuevo modelo de desarrollo alternativo que, a diferencia del que siguieron sus últimos cinco antecesores, no siga los lineamientos y mandatos dictados desde el extranjero, sino que se defina con los intereses y prioridades internas del país.

“Tenemos que construir una propuesta ‘posneoliberal’. Y convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales. Demostrar que ésta debe ser sin excluir a nadie y que el desarrollo no debe ser contrario a la justicia social”, planteó ayer el presidente, al declarar desde Palacio Nacional, la abolición del neoliberalismo y “su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”.

Con esta declaración López Obrador no sólo busca marcar su separación definitiva de los últimos expresidentes y las políticas con las que condujeron al país, a los que además se prepara para enjuiciar política y popularmente con una consulta pública basada en la nueva reforma constitucional que recién le aprobó la Cámara de Diputados, sino que también prepara el terreno para una definición que le urge a su administración y por la que tanto han esperado los empresarios e inversionistas que no ven certeza ni definición en el rumbo económico del país.

¿Pero qué tipo de modelo económico, político y social va a definir el nuevo gobierno a partir de sus premisas de honestidad, combate a la corrupción y su prioridad presupuestal de programas de apoyo social a sectores vulnerables?

Algunos analistas hablan de un regreso al modelo de “economía mixta” que imperó en México en las épocas de las economías cerradas y la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo, otros invocan de un intento de retorno al pasado con el “desarrollo estabilizador” creado por don Antonio Ortiz Mena, cuya obra y legado tanto admira el presidente, y los más apuntan hacia un modelo de economía y política nacionalista en el que, ha dicho el propio López Obrador, se parte de un gobierno honesto y que acabará con la corrupción como principales premisas de una nueva conducción económica y de las finanzas públicas.

Y dicho así, en un discurso pronunciado en un Foro de Planeación económica y casi por decreto presidencial, surgen muchas dudas, la primera si ¿realmente el neoliberalismo, con todas sus instituciones, leyes, políticas y hasta con la clase tecnocrática que manejó las últimas tres décadas el gabinete económico ha sido totalmente desmantelado en el gobierno mexicano?

Porque tanto en la Secretaría de Hacienda como en la de Economía, en los organismos financieros autónomos como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y en toda la banca de desarrollo, prácticamente todo su personal técnico y especializado fue formado, educado y contratado bajo la filosofía neoliberal ¿ya cambiaron toda esa estructura o podrían realmente cambiarla para inculcarle la nueva filosofía y el nuevo modelo económico “posneoliberal” del que habla el presidente?

Veremos cuánto le lleva al presidente López Obrador y a su gabinete económico definir el nombre y las prioridades, pero sobre todo las políticas de su nuevo modelo económico.

Esperemos que no se tarden mucho y que, cualquier cosa que sea lo que definan, lo hagan con toda la claridad y la certidumbre que muchos empresarios e inversionistas, nacionales y extranjeros, esperan para decidir si invierten o no sus recursos en la economía mexicana.

De eso depende que el presidente pueda lograr, si no en este año que ya se ve imposible, si en los próximos de su gobierno, su ambiciosa meta de crecimiento del 4%.

Porque sin claridad, legalidad y certidumbre para la inversión pública y privada, podrán ponerle el nombre que quieran a su nuevo modelo, pero sin eso difícilmente funcionará.

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