Estalló la guerra, la Corte en la mira
El choque de poderes escaló ya a una confrontación mayor en la que se agotaron las vías del diálogo y se cruzaron, de uno y otro lado, los límites ya no sólo de la división de poderes, sino de ataques abiertos, conspiraciones, operaciones y confabulaciones entre miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, cuya relación está tan deteriorada y enfrentada en estos momentos, que hasta podría ocasionar renuncias y graves señalamientos contra ministros, legisladores y hasta secretarios de Estado.
La cancelación de última hora de la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete a la comida con la que se despedirá al ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y el hecho de que el Ejecutivo asista sólo al acto protocolario en donde el titular del Poder Judicial rendirá su informe de cierre de gestión, es más que una inédita descortesía política del Ejecutivo que solía siempre estar presente en esa comida; es el indicador más claro de que ya hay un rompimiento abierto entre las cabezas de los dos poderes, mientras debajo, lo mismo en columnas que en los corrillos políticos se cruzan graves acusaciones de uno y otro lado en una guerra que ya no parece tener punto de retorno.
Tanto ha escalado el conflicto, que comenzó como un tema de la reducción de sueldos de los jueces y magistrados, pero que ya se tornó en una confrontación mayor, que podría incluso llevar a que se acelere la presentación, en el próximo periodo de sesiones del Congreso, de una iniciativa de reforma constitucional que ya tiene lista y terminada la fracción de Morena en el Senado para una reforma al Poder Judicial que desaparecería a la Suprema Corte de Justicia y crearía en su lugar un Tribunal Constitucional en el que se integre incluso al actual Tribunal Electoral federal como una sala.
Las acusaciones de una maniobra política, planeada y orquestada desde el interior de la Suprema Corte, para dilatar la aprobación del nuevo ministro y llevarla hasta el próximo año, a fin de restar un voto a la propuesta de AMLO en la elección del nuevo presidente de la Corte, es parte de lo que detonó la molestia en Palacio Nacional, en donde se asegura que hubo una operación abierta que realizaron al menos cuatro ministros: el presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para reunirse con políticos del PRI y el PAN en el Senado, a los que ofrecieron un plan "para intercambiar favores" en el tema de la acción de inconstitucionalidad a cambio de garantías para ambos partidos en temas como la validación de la elección en Puebla y la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa.
Tres de esos ministros que mencionan, según afirman en la bancada de Morena en el Senado, pusieron sus equipos de asesores a disposición de los senadores de oposición para la elaboración y redacción de la Acción de Inconstitucionalidad que se trabajó en una oficina de la calle Eugenio Sue, en Polanco, donde tiene oficinas particulares un senador del PRI. Y ahí es donde, según los senadores morenistas, se dio una "coordinación, concertación o confabulación", según se vea porque "se juntó el hambre con las ganas de comer, los ministros necesitaban que alguien presentara esa acción de inconstitucionalidad, porque ellos no podían hacerlo y tenían el inconveniente de que la acción de la CNDH no pedía la suspensión de la ley, mientras que a los legisladores de oposición les interesaba asegurar asuntos como posibles responsabilidades en el caso Ayotzinapa, en el caso del PRI, o el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los comicios de Puebla", sostiene un integrante de la coordinación de Morena en el Senado.
Hoy, cuando se produzca la despedida de Luis María Aguilar, la crisis entre poderes se hará evidente en el discurso que corresponde del presidente de la Corte, que seguramente hará un mensaje de defensa al Poder Judicial frente al presidente López Obrador que no podrá hablar en ese foro. Pero luego, tras el acto protocolario, cuando el jefe del Ejecutivo abandone el recinto judicial y no se quede a la comida en donde históricamente han convivido los titulares de los dos poderes, el distanciamiento y la fractura serán evidentes; tanto, que ya hay una integrante del gabinete federal, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que al tener divididas sus lealtades entre su actual jefe, el presidente, y sus antiguos compañeros, los ministros de la Corte, a los que también les ofreció operar a su favor, podría ser la primera víctima fatal de esta guerra.
