Una semana y se cimbra la política mexicana

Y es cierto que ninguna de las acusaciones vertidas hasta ahora en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán ha sido acompañada de pruebas y que los escandalosos señalamientos contra las máximas autoridades mexicanas son más estrategias, tanto de la Defensa como de la Fiscalía; pero en el imaginario colectivo y para la prensa nacional e internacional, los puros dichos de los declarantes confirman las dudas ya existentes sobre la complicidad de altas esferas del gobierno y la existencia de la narcopolítica en México.

Hasta ahora un solo testigo, Jesús “El Rey” Zambada, junto con afirmaciones del abogado del “Chapo”, Jeffrey Lichtman, han sacado a relucir los nombres del presidente Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, y del exsecretario de Seguridad de éste, Genaro García Luna, como presuntos receptores de sobornos millonarios a cambio de protección a capos del Cártel de Sinaloa, como Ismael “El Mayo” Zambada que pagaban para evitar su detención.

Y los tres personajes salieron rápidamente a negar las acusaciones y en ninguno de los tres casos se han presentado pruebas, pero también en los tres hay un hecho incontrovertible que parece apuntalar tan graves señalamientos: ni en el sexenio pasado ni en el actual se capturó nunca al “Mayo”.

El eco internacional que están teniendo estas acusaciones representan de inicio un daño a la imagen no sólo de los personajes señalados, sino del gobierno mexicano en su conjunto.

Para Peña Nieto, por ejemplo, las acusaciones a su gobierno y a su persona llegan en el peor momento, justo cuando está a punto de dejar el poder y una vez fuera del cargo podría ser llamado a declarar en el juicio.

Lo mismo aplica para Felipe Calderón, cuya “guerra contra las drogas” no sólo fracasó en términos del crecimiento de la violencia y de la descomposición que dejó su sexenio, sino que ahora también es cuestionado y puesto en tela de duda desde una Corte estadounidense en sus verdaderos objetivos de haber lanzado al país a una conflagración que parece haber hecho un combate selectivo en el que se atacó a algunos cárteles pero se favoreció a otros.

Para Genaro García Luna, en cambio, aunque niega con carta y documentos haber recibido los 6.5 millones de dólares que el “Rey” Zambada dice haberle entregado, las acusaciones en el juicio contra “El Chapo” podrían tener consecuencias de residencia y negocios para el extitular de la SSP que desde el 2012 vive en Miami donde, según Reporte Índigo, en 2014 abrió una empresa GL & Asociates Consulting, que junto con el empresario estadunidense Samuel Weinberg de ICIT Security México, han hecho grandes negocios e inversiones inmobiliarias.

Y finalmente está la mención también hecha ayer por “El Rey” Zambada sobre el presunto pago de sobornos en 2005 al exsubsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, Gabriel Regino, cuando el jefe de Gobierno era Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente electo a punto de asumir el poder.

“Es falso que durante mi ejercicio del servicio público haya recibido soborno alguno por parte del testificante Jesús Zambada”, comentó ayer en una carta publicada en Twitter el abogado penalista.

Regino asegura que durante su encargo en la SSP capitalina coordinó el combate contra el narcomenudeo en la ciudad y llama la atención que es el único funcionario mexicano aludido hasta ahora en la Corte de Nueva York que se ofrece a acudir a testificar en el juicio contra “El Chapo”.

“Niego categóricamente tales aseveraciones y estaré en plena disponibilidad de testificarlo ante cualquier autoridad nacional o extranjera”, ofreció.

Así que al paso que vamos, cuando faltan meses, desahogar pruebas, audiencias y declaraciones de una larga lista de testigos, se confirma que este juicio no sólo es para exhibir y enjuiciar a un narcotraficante mexicano; en Nueva York no sólo está en el banquillo de los acusados Joaquín Guzmán Loera, sino todo el sistema político mexicano y sus relaciones de complicidad y protección con los narcos.