AMLO y los criminales: ¿dislate, provocación o complicidad?

Las controversiales declaraciones del Presidente, sobre las garantías y "cuidados" que su gobierno ofrece a los integrantes de las bandas criminales y del narcotráfico, se prestan a toda clase de interpretaciones y reacciones: desde la rabia de quienes se indignan porque el Presidente ya perdió la noción y proporción de su papel como Jefe de Estado y garante del orden y la legalidad; los que ven su absurda defensa de derechos de los delincuentes como un acto de provocación para polarizar y contrastar su doctrina garantista y pacifista con el belicismo y el clamor de sangre de sus adversarios "conservadores"; hasta los que de plano empiezan a sospechar que López Obrador protege y cobija a los narcotraficantes porque tiene con ellos pactos económicos y de impunidad.

Cualquiera de las tres lecturas puede tener algo de razón. Porque a estas alturas está más que claro que la política criminal y de seguridad de este gobierno ha sido totalmente fallida. Muy lejos del discurso de "pacificación" y de "inteligencia", no hay un solo indicador medible que sostenga que la violencia del narcotráfico ha disminuido en este gobierno; los 120 mil homicidios dolosos que se acaban de cumplir en los tres años y medio de esta administración son el parámetro más claro y con reconocimiento internacional para saber que, más allá de la demagogia de los "abrazos no balazos", o de las reuniones tempraneras de todos los días del gabinete de seguridad en Palacio Nacional, el crimen organizado no ha retrocedido ni un ápice en este gobierno.

Por el contrario las "bandas" del narco, como las llama el Presidente, se han empoderado, dominan y controla cada vez más territorios y actúan a sus anchas extorsionando a comerciantes, empresarios, agricultores y a todo aquel que tenga cualquier tipo de negocio; matan, secuestran, levantan y violan a jovencitas, mientras a los jóvenes varones les aplican la leva para obligarlos a trabajar con ellos, siembran el terror entre la población civil e imponen sus leyes, ya sea a través de sus grupos de sicarios armados, a veces disfrazados de "policías comunitarias" o "autodefensas". Y como ni el Ejército Mexicano ni la Marina Armada de México ni la Guardia Nacional los enfrentan, porque tienen órdenes expresas de su comandante supremo de "primero cuidarse ellos y después cuidar a los criminales", el narco vive en este gobierno una época de jauja.

Porque aun cuando López Obrador intente provocar al avispero con su defensa de los delincuentes, no le preocupan ni menciona el derecho primordial a la seguridad y a la defensa de la vida y el patrimonio de los ciudadanos civiles que quedan en la total indefensión.

¿Por qué no habla, por ejemplo, el Presidente de los derechos que también tenían los 120 mil muertos por homicidio doloso en su gobierno, muchos de ellos civiles inocentes, otros jóvenes enganchados y encandilados por el dinero del narco?, o ¿por qué se ha negado a reconocer la gravedad de los feminicidios que también se dispararon en su gobierno en razón de 11 mujeres asesinadas diariamente, o de las desapariciones que ya se cuentan en 100 mil y que también han seguido creciendo en sus tres años de mandato?

Lo que no se puede aceptar ni tolerar, es a un gobernante que en aras de diferenciarse de sus antecesores renuncie a su obligación de garantizar un Estado de Derecho y un sistema de justicia. Eso último no lo está logrando López Obrador y su fallida estrategia de seguridad. Decir que no se va a combatir ni a confrontar a los criminales con la fuerza, mientras se abandona a su suerte a la población civil indefensa frente a esos "humanos armados y despiadados", equivale a declarar que sin Estado de Derecho, ni autoridad que nos proteja, lo que queda es una jungla, un Estado ausente que está a poco de volverse fallido… Los dados cierran con Doble Escalera. Se compuso la semana.