Unos van a la Corte y otros se niegan a ir

En un mismo día los mexicanos pudimos atestiguar por qué es tan importante tener poderes autónomos e independientes uno del otro y por qué, por más presión y autoritarismo que haya, hay que seguir defendiendo y exigiendo que prevalezca la división de poderes.

Dos actores fundamentales de la vida institucional anunciaron su intención de apelar a la Suprema Corte. En el primer caso, el anuncio del Consejo General del INE, de ir a una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y acusarla de violentar su autonomía y "desfondar a la Constitución misma" al atentar contra su autonomía presupuestaria y desconocer sus facultades de presupuestación para cumplir sus encomiendas constitucionales, en este caso la organización de una Consulta Popular para la Revocación de Mandato, representa una acción legítima y completamente legal de los consejeros electorales para defender el mandato ciudadano de ser un órgano que vigile por la correcta realización de los derechos humanos y político-electorales de la ciudadanía.

El INE no hace sino exigir, con la Constitución y sus mecanismos de impugnación en la mano, que la Corte se pronuncie sobre si debe o no aceptar una "reducción arbitraria e injustificada" de su presupuesto, sobre todo cuando los consejeros sustentaron con argumentos técnicos y de costos reales los recursos que necesitaban para el adecuado ejercicio de participación ciudadana a la que los mandató la misma Cámara de Diputados con la citada consulta de Revocación.

El instituto argumenta un "trato diferenciado" con respecto al que dieron los mismos diputados a otros órganos autónomos a los que no les practicó un recorte tan grande como los cuatro mil 913 millones de pesos que le redujeron, a pesar de la solicitud puntual de recursos extraordinarios para 2022.

Hasta ahí bien el INE y su ejercicio democrático y constitucional. En sentido totalmente inverso a la democracia y la división de poderes, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que además fue ministra de la Suprema Corte, renuncia públicamente a la facultad que tiene esa cámara para impugnar un decreto, disfrazado de "Acuerdo", con el que claramente el Ejecutivo, y en particular el presidente López Obrador, se excedió en todas sus funciones constitucionales al ordenar reservar y clasificar "como de interés y seguridad nacional" todas las obras públicas que realice su Gobierno con el dinero de los contribuyentes, a las cuales busca con eso evitarles trámites, estudios y licitaciones transparentes, además de blindar la información de los contratos públicos para mantenerlos en la opacidad y no informar a los ciudadanos.

Todo eso que contraviene claramente varias leyes, artículos constitucionales y hasta las obligaciones de transparencia y combate a la corrupción a las que públicamente se comprometió este Gobierno, a la exministra Sánchez Cordero le pareció que no eran suficientes para que el Senado de la República iniciara una controversia o acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Como sea, ayer quedó claro que mientras una parte de los mexicanos y de las instituciones democráticas ya se rindió ante la abyección, la sumisión y el fanatismo de un poder presidencial desbordado y que quiere abarcarlo todo y violentar no sólo a otros poderes, a órganos autónomos sino también a los derechos constitucionales de los ciudadanos, otra parte de la sociedad y de las instituciones se resiste a dejar que el Presidente vuelva a controlarlo todo.

¿De cuál de los dos lados se va a colocar la Suprema Corte de Justicia? ¿Será el poder que defienda el último reducto contra el autoritarismo presidencial y equilibre a la vida política y democrática de este país? ¿O también se rendirán los ministros ante la fuerza de la nueva presidencia imperial en la versión 4T?… Los dados mandan Escalera Doble. Subida.