AMLO y los gobernadores: a unos premio, a otros cárcel

Las invitaciones de López Obrador a dos gobernadores de la oposición para ocupar cargos en su gobierno despertaron todo tipo de especulaciones sobre qué buscaba el mandatario al sumar a su administración a políticos opositores. Y a las interpretaciones que hablaron lo mismo de "traición" que de "pago de favores", de intentos de "desarticular a la alianza opositora" o hasta "motivos de seguridad", hoy surge una nueva hipótesis: AMLO premió a esos dos mandatarios opositores que cooperaron con él, porque ahora va por otros gobernadores que se le opusieron y a los que quiere investigar y meter a la cárcel.

En el primer círculo presidencial se afirma que, así como al priista Quirino Ordaz y al panista Antonio Echevarría se les premió con puestos, hay otros tres gobernadores de la oposición, de los que están terminando su mandato, que están en la mira del Presidente y de la Fiscalía General de la República para investigarlos en cuanto pierdan el fuero constitucional que los protege.

"Con estos tres gobernadores, que serán investigados y llevados a un proceso penal, prácticamente se desmantela la Alianza Federalista que pretendió erigirse en un movimiento político en contra del Presidente", comentó una fuente de Palacio Nacional.

El primer caso en la lista, comentan, es el del perredista Silvano Aureoles, cuya administración termina justo hoy que entrega la gubernatura al morenista Alfredo Ramírez Bedolla. A Silvano le están armando un expediente que se refiere a desvío de recursos públicos del erario michoacano a las recientes campañas, además de una investigación de su patrimonio y sus cuentas financieras que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto.

El segundo gobernador en la mira de Palacio es Ignacio Peralta, el mandatario priista de Colima, a quién también le están armando un expediente por temas de peculado y enriquecimiento.

El otro caso que están investigando desde el Gobierno federal, es el del gobernador independiente, Jaime Rodríguez "El Bronco", a quien acusan de utilizar en sus negocios particulares y en los pagos de algunos programas públicos a empresas "factureras" que aparecen en la lista del SAT.

Si esos tres gobernadores de oposición, cuyas cuentas personales y manejos financieros en sus administraciones están siendo investigados con miras a una posible denuncia en su contra, se le suma el caso del panista Francisco García Cabeza de Vaca, estamos hablando de cuatro mandatarios opositores que crearon y formaron parte de la Alianza Federalista.

Y aquí es donde cobra sentido la nueva hipótesis de por qué López Obrador invitó a los mandatarios de Nayarit y de Sinaloa a integrarse a su gobierno: al invitar a dos opositores, uno del PRI y otro postulado por el PAN a ocupar cargos, nadie podrá decir que el Presidente persigue por motivos políticos a los gobernadores de la oposición cuando inicie la cacería legal y penal de los mencionados Silvano Aureoles, Ignacio Peralta, Jaime Rodríguez y Cabeza de Vaca.

Así el Presidente, que ha demostrado que su gobierno -como todos los anteriores- sabe muy bien utilizar a la justicia para fines políticos y que la Fiscalía General de la República, supuestamente autónoma, terminó siendo el brazo político de la justicia, exactamente igual que antes lo fue la extinta PGR, se lavó la cara invitando a dos mandatarios de oposición de los estados, para luego investigar, perseguir y acusar a otros gobernadores opositores.

Al final está claro que, cuando se trata de la justicia, pero también de su relación con los estados de la República, el Presidente tiene dos varas: una suave, blanda y hasta amigable con los gobernadores que le rindieron cortesía y pleitesía, y otra dura y pesada contra aquellos que osaron a desafiarlo y cuestionarlo… Se baten los dados. Serpiente. Caída libre.