La Corte contra estados que penalizan al aborto

En un fallo que será histórico, que representará un avance en la lucha por los derechos de las mujeres y que sentará un precedente para evitar que en todos los estados de la República se penalice el aborto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara hoy para aprobar, por una abrumadora mayoría que podría incluso ser unánime, la declaración de inconstitucionalidad del Código Penal de Coahuila, que penaliza hasta con tres años de cárcel a quien se realice un aborto, por cualquier causa.

La votación de la Corte sobre la constitucionalidad de esa ley estatal, cuyo resultado se anticipó en la sesión de ayer con el posicionamiento de 8 de los 11 ministros que se pronunciaron a favor de declarar la inconstitucionalidad y a los que hoy podrían sumarse los tres votos restantes, forma parte de un paquete de recursos sobre el tema del aborto que esta misma semana discutirán y aprobarán los integrantes del pleno judicial, entre los que se encuentra otra acción de inconstitucionalidad similar contra el Código Penal de Sinaloa y un amparo en contra de la objeción de conciencia que argumentan los médicos y personal de salud para no realizar un aborto aún en casos en que peligra la vida de la madre.

Con esos tres fallos, que se resuelven esta semana, el primero de ellos mañana, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte estarían abriendo la puerta para que los estados de la República y sus Congresos se vean obligados a homologar sus leyes y códigos estatales para cumplir con los criterios que fijará el máximo tribunal.

A partir de los criterios que están definiendo los ministros y la votación de hoy que se perfila a favor de la inconstitucionalidad de una ley local que penaliza y castiga el aborto hasta con cárcel, lo que derivará de estos fallos de la Corte serán criterios obligatorios que tendrán que acatar los Congresos locales para modificar sus códigos penales y leyes de Salud que hoy castiguen la práctica del aborto con penas físicas o de cualquier otro tipo. El máximo tribunal ordenará que ninguna ley local puede estar por encima de los derechos constitucionales de las mujeres y cualquiera que hoy lo haga, deberá ser modificada y adecuada con los parámetros que establecería la misma Corte.

Así es que, entre el avance de la despenalización a nivel nacional, que será una consecuencia de los fallos de esta semana y la aprobación de nuevos criterios para la objeción de conciencia, en los que se deberá dar prioridad siempre a la vida de la madre y a su derecho constitucional, lo que se viene en todo el país es una demanda largamente pospuesta por los grupos feministas y defensores de los derechos de género. Una batalla que en otras ocasiones fue frenada o pospuesta por presiones de la Iglesia católica o incluso de mujeres de la política que tenían posiciones conservadoras como Beatriz Paredes Rangel, que como dirigente del PRI en 2011 operó en varios congresos locales para que rechazaran una reforma constitucional que entonces hizo la Cámara de Diputados para despenalizar el aborto a nivel nacional.

Esta vez la mayoría de ministros parece dispuesta a no posponer más un tema de constitucionalidad que, bajo argumentos moralistas y hasta religiosos, ha hecho que varios estados de la República, 28 en total que hoy penalizan o prohíben el aborto, todavía infrinjan penas de cárcel a cualquier mujer que se realice un aborto y a las personas que las auxilian, en algunos casos incluidas niñas y adolescentes víctimas de violación o de abuso. El fallo de la Corte va a atizar el activismo de grupos antiaborto que ya han estado presionando a los ministros en todo este proceso de discusión, pero ante un criterio de constitucionalidad ningún estado o congreso local en la República podrá oponerse, so pena de incurrir en desacato judicial.