La UIF activa denuncias contra Ricardo Gallardo

Con base en las dos denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de José Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitará en las próximas horas el congelamiento de cuentas de unas 20 empresas vinculadas al candidato del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de San Luis Potosí y a su familia que se consideran “empresas fachada”, y notificará oficialmente al INE de la existencia de irregularidades financieras detectadas que han dado pie a investigaciones que involucran al candidato verde en presuntos delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos y

financiamiento al terrorismo por transferencias detectadas a personajes ligados a la delincuencia organizada.

Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, junto con otras 17 personas físicas, entre las que aparece la  madre del candidato María del Pilar Cardona Reyna y sus hermanas Kimberly Guadalupe y Candy Araceli Gallardo Cardona, habrían desviado recursos en el periodo entre 2012 y 2019, cuando el primero era presidente municipal de Soledad de Graciano, mientras Gallardo Juárez encabezaba la alcaldía de San Luis Potosí.

“Un porcentaje de dichos recursos fondearon las cuentas de las empresas de  la familia Gallardo Cardona, a través de depósitos en efectivo, de esa manera se ejecutó la triangulación de recursos, que posteriormente se integraron como capitales aparentemente lícitos, a través de la inversión en las personas morales ya mencionadas, la compra de inmuebles y diversas transferencias

internacionales con destino principalmente a Estados Unidos y Australia”, señala la UIF en sus dos denuncias.

A partir de esas discrepancias, la UIF sostiene: “Lo anterior no permite a esta Unidad determinar el origen real de los recursos declarados por el denunciado y por tanto, es posible dudar de la naturaleza legal de los mismos, máxime cuando de información de fuentes abiertas se desprenden datos que vinculan a José Ricardo Gallardo Cardona, así como a su padre Ricardo Gallardo

Juárez, en la ejecución de un esquema que originó el desvío millonario de recursos en los municipios que respectivamente presidieron, los cuales probablemente tuvieron como destino personas

morales con socios comunes, miembros de la familia Gallardo Cardona, así como personas morales señaladas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas que facturan operaciones simuladas e incluso, miembros de la delincuencia organizada”, dice textual la denuncia de la unidad de la Secretaría de Hacienda, que cita dos notas periodísticas que señalan vínculos de Gallardo Carmona y de su padre con “Los Zetas”, organización criminal que habría recibido transferencias de los recursos públicos desviados y al que se refieren como “el principal grupo del narcotráfico asentado en San Luis Potosí”.

Paradójicamente, mientras la UIF pide congelar cuentas a las empresas de Gallardo y reactiva sus dos denuncias penales en contra del candidato a gobernador de SLP, al interior del gobierno federal hay grupos que empiezan a empujar la idea de que se debe apoyar al candidato verde, por su ventaja en las encuestas, como la única posibilidad de ganar San Luis Potosí y favorecer a sus

aliados verdes, en busca de que ratifiquen su alianza parlamentaria después de los comicios del 6 de junio.

Todo ante el derrumbe de la candidata morenista Mónica Rangel, quien se ha quedado rezagada en un lejano tercer lugar, mientras  la pelea por la gubernatura se centra entre el abanderado del PVEM y el candidato panista Octavio Oropeza.

¿Será que en la 4T ayudan o hunden al controvertido candidato Ricardo Gallardo a quien no sólo este gobierno, sino desde el anterior de Peña Nieto han vinculado con temas de crimen organizado?