Del sueño americano a la pesadilla judicial

Los políticos mexicanos han tenido, históricamente, una debilidad especial por irse a vivir a los Estados Unidos.

Lo mismo en busca de un exilio académico o diplomático, que cuando se sienten inseguros o políticamente vulnerables en México y en ocasiones incluso cuando huyen de la justicia mexicana por algún delito o acusación, el vecino país del norte siempre es visto como un territorio seguro en donde muchos pretenden resguardarse y algunos hasta compran propiedades, no siempre con dinero de un origen totalmente claro.

Pero en algunas ocasiones, como acaba de pasar con el general Salvador Cienfuegos, el sueño americano se transforma en una pesadilla jurídica y legal.

Después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, ocurrida el pasado jueves, muchos políticos en México, sobre todo integrantes del gabinete del sexenio anterior y algunos exgobernadores o hasta gobernadores en funciones, se lo pensarían dos veces para visitar en estos momentos Estados Unidos, algunos de ellos podrían correr un peligro real de ser detenidos, pero la mayoría no quiere ni siquiera averiguarlo, luego de conocer la forma en que la DEA acusó, detuvo y encarceló a un exjefe militar del Ejército mexicano y en el entendido de que si al general de cuatro estrellas y escudo dorado el Gobierno estadounidense fue capaz de darle ese trato, ningún otro político estaría en estos momentos seguro en suelo americano.

De hecho, una versión que circula entre generales del Ejército Mexicano -donde la reacción al golpe que significó la detención de un militar de élite como Cienfuegos ha sido fuerte, pero soterrada- indica que el general exsecretario había hecho ese viaje no con la idea de vacacionar sino que buscaba quedarse a radicar en Estados Unidos, ante el temor de que el Gobierno de México, el de López Obrador, le abriera una investigación sobre su desempeño.

Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, donde está detenido y en esta se definirá si puede seguir su juicio en libertad, algo que se ve casi imposible por la gravedad de los cuatro delitos que le imputa la DEA, o si es trasladado a Nueva York, para pisar la misma Corte Federal del Distrito Este de Nueva York donde el año pasado fueron enjuiciados y sentenciados sus dos posibles delatores.

Allá cuando se fijen las fechas para el juicio y comiencen las audiencias judiciales, sabremos qué tan sólidas son las pruebas que tiene la agencia antidrogas estadounidense y los fiscales para acusar al primer exsecretario de la Defensa mexicana que será procesado por narcotráfico en la historia y si existen elementos reales para declararlo culpable.

Pero mientras eso sucede, en México muchos políticos están apanicados y no podrían viajar en estos momentos a territorio de los Estados Unidos ante el temor, fundado en algunos casos y por pura precaución en otros, de que puedan ser acusados o incluso detenidos.

La mayoría de esos políticos no saben si están señalados o no o si hay indicios en su contra, pero por lo pronto no piensan averiguarlo.

En estos momentos muy pocos políticos y gobernantes mexicanos se atreverían a pisar suelo estadounidense sin correr el riesgo de que el tan anhelado sueño americano se les transforme de golpe en una pesadilla penal.