El síndrome Moreira aflora en los estados

La pandemia del coronavirus y el argumento de la falta de recursos extraordinarios desde el gobierno federal para atender la emergencia sanitaria están siendo utilizados por varios gobernadores del país como el pretexto o la justificación perfectos para la contratación de deuda pública por varios miles de millones de pesos.

Aunque cuentan con la autorización de sus Congresos locales -con mayorías de tres cuartas partes a veces reales y a veces fabricadas con la compra y cooptación de diputados opositores- en varios de los casos no queda totalmente claro el destino de los recursos millonarios que solicitarán a los bancos y si los montos autorizados están dentro de la capacidad de pago de las entidades, tal como se los exige la ley.

En franca diferencia con el presidente López Obrador, quien ha rechazado la contratación de deuda pública para enfrentar la emergencia y el rescate económico del país e incluso desafiando la petición del mandatario nacional para que los estados “no se endeuden y mejor se aprieten el cinturón y sean austeros en sus gobiernos”, los Ejecutivos estatales están moviendo sus aparatos políticos para adquirir deuda que no sólo elevará el nivel de endeudamiento de sus estados, sino que será heredada a las próximas generaciones y al menos a tres administraciones posteriores, pues están contratando préstamos a 20 años, que terminarían de pagarse hasta 2039.

Hasta ahora son principalmente gobernadores de oposición los que están recurriendo al endeudamiento.

Enrique Alfaro, de Jalisco, es el caso más significativo, pues logró la semana pasada que el Congreso del Estado le autorizará contratar créditos por seis mil 200 millones de pesos para “atender los efectos de la crisis del Covid-19” y como no contaba con los votos suficientes el gobernante de MC obtuvo el apoyo de los diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta de una diputada de Morena que se pasó a votar con la bancada emecista.

Apenas en febrero de 2019, recién llegado al cargo, Alfaro había pedido y obtenido de los diputados locales una deuda de 5 mil 250 millones de pesos, que sumados a la deuda histórica que ya traía el estado, más un préstamo de 1 mil millones que pidió en marzo pagadero a 12 meses, alcanzaría los 22 mil millones de pesos.

Es decir que en 11 meses que lleva en el gobierno Alfaro habría triplicado la deuda pública de Jalisco a un ritmo de endeudamiento de 26 millones de pesos diarios.

El endeudamiento de los estados empezó con Vicente Fox y creció con Felipe Calderón hasta desbordarse en casos tan excesivos como el de Humberto Moreira en Coahuila, que aumentó la deuda de su estado en más de 109 veces al pasar de 323 millones a 36 mil millones de pesos que oficialmente se destinaron a financiar programas sociales y obras públicas, pero que en realidad, ante la opacidad sobre el destino de esos recursos, desataron investigaciones judiciales y cuestionamientos por lo que se llamó la “Megadeuda” que incluso dio pie a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios aprobada por el Congreso de la Unión en 2016 y que estableció candados legales y la obligatoriedad del aval de la Secretaría de Hacienda federal para que las entidades pudieran contraer deuda.

Hoy, con el pretexto de la pandemia y con la promesa de que van a destinar los millonarios recursos de créditos y endeudamientos a rescatar la economía de sus estados, el síndrome “Moreira” parece recorrer otra vez la República, con la contratación de deudas cada vez mayores por parte de los gobernadores.

Todo eso ocurre ante el silencio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera y la evidente molestia del presidente López Obrador que no está de acuerdo con el endeudamiento y que les ha pedido a los gobernadores “austeridad y más austeridad y que se aprieten el cinturón” con la promesa de que si lo hacen aceptaría hasta discutir la revisión del Pacto Fiscal.

¿Será que en algún momento el Gobierno federal dará el manotazo o buscará bloquear las deudas de los gobernadores, como ya lo hicieron en Tamaulipas con la controversia constitucional interpuesta por los alcaldes de Morena?