Militarización, llamemos a las cosas por su nombre

El Presidente que habla diario y de todo, no quiere hablar de la militarización de la seguridad pública. Incluso ayer martes evadió el tema en su monólogo diario de la mañanera, mientras su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, trató de justificar el decretazo para militarizar la seguridad pública y la persecución de los delitos en el país con un argumento tan falso como rebatible: que el “apoyo de las fuerzas armadas” a la seguridad civil “siempre estará subordinado a la Guardia Nacional”.

Y es que ahí está precisamente el problema: la Guardia Nacional siempre ha estado supeditada, en los hechos, al mando militar de la Secretaría de la Defensa. Su comandante Luis Rodríguez Bucio es militar y obedece y le responde al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y no a Durazo, al igual que lo hacen los generales que dirigen a los guardias nacionales en los estados del país, quienes reportan y obedecen órdenes solo de la Zona o Región Militar de donde se encuentren y no necesariamente del gobernador ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

El mismo Alfonso Durazo comentó en una plática reciente con periodistas y directivos de un diario, en la que tuve la oportunidad de escucharlo, que él y su Secretaría de Seguridad no son los rectores ni los que mandan en la labor de dar seguridad a los mexicanos. “Yo sólo tengo un papel normativo (en la estrategia de seguridad federal) el mando operativo lo tienen las Fuerzas Armadas”.

¿Entonces, lo saben bien y siempre lo supieron, si el mismo Presidente se lo pidió al Congreso de la Unión en su iniciativa original donde quería una Guardia Nacional completamente militarizada y bajo las órdenes del Ejército, aunque el rechazo de la oposición lo obligó a negociar una “transición de cinco años” para el regreso de los militares a los cuarteles, que es lo que ahora pone en marcha por decreto, por qué no reconocer que, al igual que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, decidieron echar mano de la fuerza militar para controlar la inseguridad y la violencia porque no tenían otra opción ante la gravedad del problema y la capacidad armada de los cárteles del narco?

Ayer me explicaba el Consejero Jurídico de la Presidencia que en realidad el decreto no es algo nuevo y que “siempre estuvo contemplado en el artículo 5 transitorio de la ley que creó a la Guardia Nacional”. “No hay tal militarización, sólo se está aplicando lo que preveía la reforma constitucional”, comentó el abogado Julio Scherer Ibarra. Se puede entender la reticencia a reconocer la militarización de la seguridad, así sea con un mandato constitucional; se puede comprender que viniendo algunos de ellos de la izquierda les cueste mucho admitir que son parte de un gobierno que se apoyó en los militares ante la incapacidad civil de frenar la violencia delincuencial.

Al final lo que tenemos a partir de ayer en la seguridad pública del país es a militares en las calles haciendo labores de policías, deteniendo ciudadanos, patrullando ciudades y municipios, cateando domicilios e iniciando denuncias y hasta interviniendo comunicaciones privadas con orden de un juez, todo eso con mandato constitucional.

Eso, aquí y en China, se llama militarización, con los matices y atenuantes que quieran ponerle. Como diría el test del pato: “Si grazna como pato, camina como pato y se comporta como un pato, entonces seguro que es un ganso… militarizado”.