La segunda oportunidad de Irma Eréndira

Irma Eréndira Sandoval tendrá una segunda oportunidad -de las que muy pocas veces se dan en política- para restituir su imagen y credibilidad como responsable de investigar y sancionar actos de corrupción y conflictos de interés en el actual gobierno.

La instrucción que le dio ayer lunes el presidente López Obrador para investigar y sancionar la asignación de un contrato por 31 millones de pesos otorgado por el IMSS a León Manuel Bartlett Álvarez, pone a prueba la congruencia ya no sólo de la Secretaria de la Función Pública, sino del mismo gobierno lopezobradorista.

En la forma como procese su primer gran caso de posible corrupción, la 4T demostrará si el discurso de “ya acabó la corrupción” y del “no somos iguales a los de antes” es real o es pura demagogia.

El mismo Presidente ayer tuvo que aceptar, casi a regañadientes y no sin antes cuestionar a Mexicanos Contra la Corrupción y a Claudio X. González por publicar la investigación periodística que expuso la asignación de contratos al hijo de un miembro del gabinete presidencial.

Sin condenar ni juzgar el evidente conflicto de interés y sin mencionar nombres, López Obrador ordenó a Sandoval que investigue y “si resulta responsable esta persona (el hijo de Bartlett, León Manuel Bartlett) tiene que ser sancionado, igual que la persona que le entregó el contrato (el director del IMSS, Zoé Robledo)”.

Ayer mismo, tras recibir la orden del Presidente, la Secretaría de la Función Pública informó en un comunicado que desde el viernes 1 de mayo, fecha en que se publicó el reportaje de Laura Sánchez Ley y Raúl Olmos, había iniciado una investigación sobre el contrato de 31 millones otorgado al empresario Bartlett Álvarez.

Contrario a la descalificación que hizo el Presidente del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción, Sandoval aseguró que “a Función Pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación”.

La Secretaria dijo que no se justificarán irregularidades por la situación de emergencia y habló no sólo de un tema de legalidad, sino también de moral pública.

Los duros cuestionamientos y el daño que sufrió su imagen pública tras el fallo con el que exoneró a Manuel Barlett Díaz de un conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, luego de que se revelara la posesión de más de 23 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, han perseguido a Irma Eréndira Sandoval desde que dio a conocer esa conclusión de sus investigaciones en diciembre de 2019.

Aquella exoneración, por la que incluso muchos la compararon con su antecesor en el cargo, Virgilio Andrade, quien con argumentos legales similares dijo no haber encontrado “ningún conflicto de interés” en la adquisición de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la “casita” de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le costó a la funcionaria parte de su credibilidad como responsable de combatir la corrupción y vigilar el desempeño de los funcionarios de la 4T.

Pues bien, hoy la secretaria Sandoval tiene otra oportunidad de revisar la actuación de los Bartlett, ahora por hechos y acciones cometidas en este gobierno.

En las manos de Sandoval está la posibilidad salvar algo de su congruencia y de alejarse de la inevitable comparación con su antecesor Virgilio Andrade; pero más allá de eso, también está la credibilidad de la 4T y del presidente López Obrador para saber si su lucha y discurso contra la corrupción es real, o si todo fue un engaño o un slogan permanente de campaña.