El botín de Pemex y el brazo salinista

En el sexenio de Peña Nieto no sólo se permitió el saqueo y la corrupción desmedida en Petróleos Mexicanos con acciones y pésimas decisiones financieras y administrativas como la compra de Fertinal y de la planta de Agronitrogenados, los astilleros en Galicia y la complicidad y nulo combate al robo de combustibles, entre muchos otros. Dentro de la estrategia, operada por dos directores muy cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari: Emilio Lozoya Austin y José Antonio González Anaya, también se buscaba debilitar y achicar a la empresa petrolera y su producción para abrirles la puerta y mejorarles las condiciones de competencia a las compañías petroleras nacionales y privadas que participaban en las rondas de la reforma energética.

En ese afán, el salinismo que controlaba Pemex también buscó cambiar y controlar a los mayores proovedores y contratistas de Pemex y para ello decidieron ir por las dos empresas más grandes y fuertes que acaparaban los mayores contratos y activos en la industria petrolera: Oceanografía y Oro Negro. Las dos empresas mexicanas, que se volvieron referente internacional, habían sido creadas bajo la influencia del poderoso exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que se volvió el poder real en el manejo de la petrolera nacional y las finanzas públicas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

A la llegada de Peña Nieto, cuando éste decidió dejar en manos del grupo salinista la política energética y entregarles Pemex, Ocenografía, de Amado Yáñez y Martín Gil Díaz, sobrino de Francisco Gil, y Oro Negro, propiedad del hijo del extitular de Hacienda, Gonzalo Gil White y de un grupo de bonistas se volvieron el primer objetivo de Emilio Lozoya y del secretario de Hacienda peñista Luis Videgaray.

La operación para acusar a Yáñez de fraude contó con el apoyo de los bancos involucrados y una vez que lo metieron a la cárcel, con la fabricación de acusaciones desde el SAT y desde la Unidad de Inteligencia Financiera y la operación jurídica de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Humberto Castillejos, para obtener órdenes de aprehensión, negación de amparos y demás favores de jueces de la Ciudad de México, terminó con el dueño de Oceanografía que estando ya en la cárcel recibió una oferta-amenaza desde la dirección de Pemex a cargo de Lozoya: "O entregas la empresa, con todos sus activos, o te hundimos en la cárcel". Amado Yáñez, quien se negó a entregar su compañía, tuvo que verla caer en quiebra, en un manipulado concurso mercantil, y tras dos años en prisión y liberado bajo fianza en 2017, hoy busca documentar todo el ataque y el abuso de poder en contra suya y de su compañía.

La misma historia se repitió con "Oro Negro", la empresa de Gil White que había logrado posicionarse con los inversionistas internacionales por su solidez y que era vista como "el tesoro". Primero con Lozoya y después con José Antonio González Anaya, el brazo salinista operó para que desde el SAT se hiciera un acuerdo con los tenedores de bonos, socios de Gonzalo Gil, para fabricar pruebas de un presunto fraude en contra de los bonistas. El mismo González Anaya que operó el tema primero desde Pemex en 2016-2017 y luego como secretario de Hacienda en 2018, coordinó la operación para la fabricación de evidencias en el SAT y el congelamiento de cuentas de Oro Negro, apoyado en el coordinador de la UIF, Alberto Bazbaz, y el consejero Jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, quien también volvió a operar para mandar las denuncias y expedientes a "jueces amigos" de la Ciudad de México, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y su presidente Edgar Elías Azar, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

En el embate contra Oro Negro, el congelamiento de cuentas fue clave para declarar la quiebra de la empresa.

Así, con un mismo esquema y con la intención de favorecer los intereses salinistas en Pemex, se decretó el quebranto primero de Oceanografía y luego de Oro Negro, con el trato discrecional e ilegal desde la petrolera, el abuso del concurso mercantil y la manipulación del debido proceso en el sistema judicial de la CDMX.

La mejor manera de confirmar cómo fue que el grupo salinista intentó no sólo desmantelar y debilitar Pemex sino quedarse con las principales compañías contratistas y proovedoras de la paraestatal, es que tras los conflictos y la quiebra de Oro Negro y de Ocenografía, los contratos que tenían esas compañías fueron entregados a Seamex, que recibió un trato preferencial tanto de Emilio Lozoya y de González Anaya para beneficiar al socio mexicano de esa compañía, David Martínez, compadre de Carlos Salinas de Gortari, y quien creció tanto en el peñismo que compró ICA.