La simulación de la justicia: el caso de la consulta ciudadana

El primero de agosto se llevará a cabo una consulta ciudadana para enjuiciar expresidentes y demás actores políticos de administraciones pasadas. Según el INE, institución encargada de realizar dicho ejercicio, este tendrá un costo de 528 millones de pesos. Dado el momento económico y político que vive el país, valdría la pena reflexionar un poco sobre el proceso venidero.

Para nadie es un secreto que los miembros de la clase política (del pasado y del presente) se encuentran lejos de ser bien percibidos por el ciudadano promedio. La situación de desencanto con las instituciones y con la clase política, son dos de las principales condiciones que llevaron a Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018 y, que ahora mismo está utilizando como justificación para realizar la consulta. Sería muy poco probable encontrar un ciudadano que no estuviera de acuerdo en investigar, llevar a juicio y condenar a un político en caso de acreditarse un delito. Sin embargo, pese a que yo mismo considero formar parte de lo que acabo de describir, no me parece que el proceso que propone seguir el presidente para la impartición de justicia sea correcto, es decir, ¿De verdad es necesario hacer una consulta para que los ex funcionarios públicos sean castigados? 

La respuesta es que realmente no es necesario montar este tipo de eventos para llevar a juicio a los expresidentes de la república y al resto de los ex funcionarios que presuntamente cometieron delitos. Para eso simple y sencillamente se necesita que las instituciones correspondientes hagan su trabajo y apliquen la ley en caso de haber delitos. Pareciera entonces que el verdadero objetivo de la consulta es más la de un ejercicio encaminado a fortalecer aún más el control de la agenda y la opinión pública, que un avance democrático para la impartición de justicia. 

Empecemos por decir que el Ejecutivo mismo, sus colaboradores y el resto de difusores de las acciones del gobierno no se cansan de decir que la consulta es para “enjuiciar ex presidentes”. También, resulta evidente que lo que se busca llevar a juicio son los presuntos casos de corrupción y las decisiones u omisiones de gobierno que, de alguna manera favorecieron la trágica escalada de violencia que padece México desde hace poco más de una década. Sin embargo, si acudimos a la pregunta que aparecerá en el ejercicio, la cosa no resulta ser tan clara: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

La pregunta no menciona ni a ex presidentes ni especifica el tipo de decisiones que serán juzgadas. Una pregunta así, tan abierta a interpretaciones, lo único que hace es generar más dudas y confusiones que certezas. Si bien es cierto que fueron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los encargados de modificar y redactar la pregunta, es el Ejecutivo Federal el que está encabezando y promoviendo este ejercicio. La reiteración del oficialismo en la importancia de participar en la consulta, confirma que la verdadera intención de esta, es la simulación ante los nulos resultados de la principal promesa de campaña del presidente, el combate a la corrupción.  Al día de hoy, se puede decir que no existen pruebas claras de esta lucha. Puesto que las detenciones que se han logrado, siguen teniendo las características de la simulación de justicia o de justicia selectiva que caracterizaba a los gobiernos anteriores. De este modo, ante la evidente falta de resultados reales en el combate a la corrupción, el presidente necesita simular con discurso y con un evento sin sentido que se está haciendo algo.

Otra cuestión de la consulta que vale la pena comentar reside en el umbral de participación que necesita tener para ser vinculante (resultado obligatorio).  El ejercicio necesita del 40% de la lista nominal, es decir, que participen  37.5 millones de personas. De llegar a superar el requisito numérico de la participación, cualquiera que sea la respuesta elegida por los ciudadanos, el presidente habrá ganado. Dicho de otra manera, de ganar el sí, el presidente movilizará la maquinaria institucional para perseguir a sus opositores (tarea que ya realiza de distintas maneras), con la justificación de que así lo quiso el pueblo. De ganar el no, el presidente habrá conseguido fortalecer su narrativa de los corruptos funcionarios del pasado, esos que en su discurso resultan ser los principales culpables de los desastres del presente. Al final del día, ponerle el disfraz de democracia a este tipo de consulta, lo único que ocasiona es que las instituciones y la incipiente democracia mexicana, se debiliten aún más. 

José Pedro Chong Cruz

Lic. En Estudios Políticos y Gobierno (UdG), Mtro. En Ciencias Sociales (Colson)

josepedrochong@gmail.com