Fuera de ruta

Reflexiones sobre la movilidad urbana en tiempos de pandemia


Los brotes por enfermedades contagiosas se muestran hoy como un nuevo elemento a considerar en la planificación de la movilidad urbana. Y es que la pandemia por COVID-19 ha obligado a modificar una buena parte de las prácticas y los protocolos usados en las ciudades.

Por ejemplo, en el transporte público (TP), sus principales actores han tenido que replantearse la operación del sistema. Al respecto, el Instituto Mexicano del Transporte (2020) advierte que “Las pandemias producen dos cargas operacionales en las organizaciones de transporte locales: el ausentismo generalizado en todos los sectores y la prevención de la infección. Dado que ambas pueden tener un efecto sustancial en la capacidad de prestar servicios, los organismos de transporte deben identificar sus funciones esenciales y las estrategias para reasignar recursos a fin de mantener esas funciones esenciales si es posible” (p. 3). Es decir, se deben ofrecer mejores condiciones de trabajo a los empleados del TP -ante su vulnerabilidad de contagio- y, a la vez, mantener la funcionando el servicio a pesar de disminución del aforo y los ingresos por este rubro.

También los planificadores urbanos, por esta coyuntura y en la previsión de brotes similares en el futuro, deben replantarse el diseño de la ciudad y repensar la capacidad de los sistemas de movilidad para transportar al talento humano de una sociedad en forma higiénica, segura y constante, ya sea en forma masiva (transporte colectivo público y privado) o individual (particular o compartido), abonando a la resiliencia de la ciudad. Maimunah Mohd Sharif, Directora Ejecutiva de ONU Habitat, ya planteó lo que será clave en el corto plazo: “Los gobiernos locales de las ciudades y regiones son los más cercanos a las comunidades. Su resiliencia es nuestra fuerza y fuente de inspiración” (ONU- Hábitat, 2020).

Y, en general, para todos los habitantes de la ciudad se hace necesario no sólo reconsiderar cómo se mueven por la ciudad, sino cuándo y cuánto se mueven para poder regresar a cierta actividad en forma segura, así como el impacto de sus decisiones en su presupuesto para transporte. El Instituto de Recursos Mundiales México (WRI por sus siglas en inglés), en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), analizó el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector. De la muestra colectada en 13 diferentes regiones de México encontraron que el 38 por ciento de las personas que han cambiado su modo de transporte durante la emergencia sanitaria aumentó su gasto en el doble o más del doble, lo que afecta su ingreso disponible e incrementa su vulnerabilidad ante la emergencia (AMAM 2020).

Por otro lado, se registran algunas externalidades positivas temporales, por las medidas para mitigar los contagios. Cualquier actividad presencial requiere no solo del tiempo para dicha actividad, sino también de una inversión de tiempo entre traslados. En los meses de confinamiento, la dinámica empresarial, educativa, gubernamental y social se adaptó, programando de forma virtual muchas actividades, ahorrando tiempos y reduciendo las emisiones. Se observa así que: a) es posible reducir la contaminación y el consumo de combustibles fósiles, aún sin la implementación intensiva de los autos eléctricos, solo replanteando la movilidad; b) la infraestructura para la bicicletas y peatones, necesaria para la movilidad activa, permite el distanciamiento físico y la flexibilización de medidas de confinamiento; c) los esfuerzos colectivos pueden ser coordinados y marcan la diferencia (Told, 2020, IMT, 2020).

Reflexiones en este sentido son necesarias para aprovechar las enseñanzas de esta crisis sanitaria. Sobre todo, permiten pensar la movilidad urbana como un bien público, la necesidad de decidir cuál es el bien público que debe proporcionar la movilidad como servicio y el papel del gobierno en ello, por ejemplo, para orientar las acciones hacia soluciones de movilidad inteligente para objetivos sociales más amplios, como el trabajo, la educación y el cuidado del medio ambiente, más allá de una ventaja competitiva por motivos de innovación económica.

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