Las faltas administrativas o penales que se cometen en el servicio público no son atribuibles a las instituciones, sino a las personas específicas que las cometen.

Por eso no aplica descalificar a la Fiscalía General de la República ni culparla por la liberación, hace un par de sábados, de Gildardo López Astudillo, apodado “El Gil, El Cabo Gil o El Gallero”, uno de los principales responsables de la desaparición, y asesinato, hace poco menos de cinco años, de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Trabajan en esa Fiscalía, eso sí, los responsables precisos de no haber aportado lo que se conoce en tribunales como “pruebas en carácter superveniente” con anterioridad al cierre de la instrucción.

No lo hicieron o no fueron capaces de establecer la vinculación con el hecho consignado (el múltiple homicidio) ni con la organización de la delincuencia organizada (Guerreros Unidos) cuyos sicarios cometieron el crimen.

De la negligencia, pues, no puede culparse a la institución en lo general y mucho menos al titular (el doctor Alejandro Gertz Manero), pero sí señalar que la excarcelación de “El Gil” se debe a la ineficacia de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, así como a su coordinación con los delegados y agentes del Ministerio Público federal en todo el país, en este caso con los encargados del Caso Iguala.

El titular de esa Subprocuraduría fue nombrado por Alberto Elías Beltrán (quien quedó como encargado de la desaparecida Procuraduría General de la República después de la renuncia de Raúl Cervantes), fue ratificado por la administración actual: Roberto Andrés Ochoa Romero.

Juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, resolvió que el MP no aportó los elementos necesarios para acreditar el delito de “delincuencia organizada”, pese a que desde noviembre del año pasado, la todavía PGR aporto para el proceso las grabaciones de la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) obtenidas dentro de su investigación en Chicago de las actividades de “Guerreros Unidos” en EU, que demuestran la pertenencia de López Astudillo a esa pandilla y lo implican, personal y precisamente, en la “desaparición” de los normalistas, pero este y otros 43 elementos no quiso el incompetente juzgador tomarlos en cuenta.

Desde mucho antes (aunque también habría sido útil en noviembre), la Subprocuraduría de Control Regional debió asegurarse de que el juez conociera y valorara las abundantes evidencias probatorias (las hay desde hace más de cinco años, en consignaciones de la Fiscalía del Estado de Guerrero que encabezó Iñaki Blanco) de que “El Gil” debió permanecer en la cárcel, si no por los muchachos de Ayotzinapa, al menos por delincuencia organizada.

Con el “niño ahogado”, lo menos que el fiscal Gertz Manero debe estar haciendo es conocer lo que sucede en la dependencia a cargo de Ochoa Romero y, con la pena, actuar en consecuencia...