Cinco millones por la hermana

Es el mismo sujeto que el jueves de la semana pasada buscó al abogado Javier Coello Trejo para decirle que la señora quería someterse a las autoridades y fue el tufo del dinero lo que hizo que el litigante renunciara a seguir llevando la defensa legal de la propietaria del colegio Rébsamen.

La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México hará el pago a quien anticipó el sometimiento “voluntario” dos días antes de que la profesora pusiera fin a su condición de "prófuga de la justicia" después de que él acordara la entrega con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, un subsecretario y un abogado (cuyos nombres no han sido revelados).

Será la subprocuradora de Procesos, Alicia Rosas Rubí, la encargada de tramitar el pago.

De acuerdo con lo reporteado por mi compañero Ignacio Alzaga, si Mónica se hubiera entregado voluntariamente habría tenido el beneficio de seguir su proceso en libertad, lo cual muy probablemente no es verdad porque a quienes evaden las persecuciones judiciales se les enchiquera por la explicable presunción de que tienden a fugarse.

Pero la duda sobre si la decisión fue “voluntaria” la despejó la propia directora del Rébsamen con su llamada de las 10:00 de la mañana y uno o dos minutos del sábado al abogado Coello Trejo, a quien le dijo que se encontraba en el palacio (en realidad Jefatura) de Gobierno, poniéndose de pechito ante las autoridades.

Sea o no propia la decisión de enfrentar su proceso, Mónica fue traicionada por su medio hermano, a quien el defensor de la señora le hizo ver que debían esperar a que se resolvieran los amparos que se habían tramitado para que ella pudiera sortear su destino en libertad porque, como bien recuerda Nacho Alzaga, los delitos de homicidio culposo y uso de documentos falsos de que se le acusa no son considerados “graves”.

La precipitación para la entrega tiene una sola explicación: la recompensa.

No cabe suponer que la entrega fuera soberana decisión de Mónica, toda vez que la circunstancia en que se encontraba después de un año y medio de andar huída, permiten deducir una explicable desesperación.

Con los perseguidos por la justicia procede lo que con los enfermos que deben atenerse a lo que sus médicos de confianza ordenan. La señora debió acatar la recomendación de su abogado, no sólo de esperar unos días a que tuviera el amparo de la justicia federal sino a que los cinco millones de pesos fueran para la eufemística “reparación del daño” de los deudos de 26 personas (entre éstas 19 niñas y niños) que fallecieron en el derrumbe que provocó el temblor del 19/09/17.

A lo hecho, pecho: Mónica es una presidiaria y Enrique un pobre millonario.