Mayorías de pena en el Congreso

La irresponsabilidad, la ignorancia y el servilismo con que se desempeña la mayoría morenista y moreniana en el Congreso explican la bateada que la Suprema Corte de Justicia dio a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional y el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra en la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por citar sólo dos de las atrocidades que han aprobado los “legisladores”.

En el primer caso, no es que ocho de los 11 ministros quieran alcahuetear a quienes defraudan al fisco, a los contrabandistas ni a los bribones de las facturas falsas, sino evitar que a los acusados por estos delitos se les encarcele como “medida cautelar” porque se les violaría la civilizada presunción de inocencia, uno de los derechos humanos que garantiza la Constitución.

Lo explicó bien el presidente del Poder Judicial, Arturo Zaldívar:

“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos, que son parte del artículo primero constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”.

Y es que los jueces pueden dictar prisión preventiva, pero ésta debe justificarse en cada caso y no convertirse en regla que recuerda el “mátenlo y después viriguan”. Es una salvajada encarcelar a quien sea para ver si el Ministerio Público algo le encuentra y que eventualmente resulte absuelto porque no se pudo evidenciar su culpabilidad.

El segundo caso no implica a la Cámara de Diputados pero sí al Senado, instancia que, a pesar de las evidentes limitaciones de la señora Piedra para encabezar la CNDH acató sin chistar la propuesta presidencial de nombrarla.

¿Resultado?: la conversión en chatarra de una prestigiada institución ahora sumida en el desprestigio que, a tono con la 4T, rechaza todo lo que se logró en su pasado y comete el crimen de no mover un dedo para que se envíen a Innsbruck los 114 restos óseos que sugirió el mismo organismo durante la gestión de Luis Raúl González Pérez, entre los que pudieran reconocerse genéticamente a personas desaparecidas y cuyos deudos continúan buscando, entre las cuales muy probablemente figuren algunos o todos los 40 normalistas de Ayotzinapa que faltan de ser identificados.

El desastre de la CNDH se refleja hoy en la estupidez de pretender, por tercera ocasión, que se reabra una de las más acuciosas investigaciones de la historia (superada sólo por el caso Iguala): la del asesinato de Luis Donaldo Colosio, caso jurídicamente cerrado porque Mario Aburto Martínez, el asesino intelectual y material, confesó plenamente su crimen y escenificó (me tocó en 1994 dar a conocer la videograbación) la manera como en Lomas Taurinas cazó al candidato…