O que el INAI absorba la función pública…

La insistencia en desaparecer los organismos autónomos parte de un error bochornoso: suponer que son entes dependientes del Gobierno, pero se trata de instituciones que forman parte de algo superior: el Estado mexicano.

Ninguna autoridad tiene la facultad de apropiárselos.

Ayer dijo el presidente López Obrador: “Tenemos que ajustar nuestras estructuras administrativas a la nueva realidad, no le puede costar tanto al pueblo mantener al Gobierno (…). Todo el presupuesto se lo tragaba el mismo Gobierno (…). Vamos a ahorrar porque necesitamos apoyar a la gente, a la gente pobre, a la gente necesitada (…). Necesitamos seguir limpiando de corrupción al Gobierno…”.

Sin embargo, no los mantiene “el pueblo” sino quienes pagamos impuestos; a menos de que se les estén reteniendo recursos, no aplica que el dinero asignado “se lo tragaba el mismo Gobierno”; se les da para que el Gobierno apoye “a la gente pobre” y nadie se opone a que se siga “limpiando de corrupción al Gobierno” ni a su austeridad.

Alarma la pretensión de que las tareas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales las absorba la Secretaría de la Función Pública porque no se ocupan de lo mismo: el INAI tiene como universo de trabajo los tres poderes de la Unión, los gobiernos y poderes de los estados, todas las alcaldías del país y los organismos gubernamentales de los tres niveles que manejen dinero de la Federación. La Función Pública sólo es un despacho presidencial destinado (mera teoría) a vigilar e investigar corrupción e impunidad en el Gobierno al que sirve.

En todo caso, lo menos dañino y más provechoso sería que el INAI absorbiera a la Secretaría de la Función Pública.

Muchos otros organismos autónomos tampoco deben quedar sometidos al Gobierno. Se ocupan de asegurar que las instancias oficiales relacionadas con economía, energía, telecomunicaciones, derechos humanos, elecciones, educación superior o estabilidad inflacionaria y monetaria, se desempeñen de manera imparcial, desligadas ideológica y políticamente de las autoridades en turno.

A López Obrador le parece ilógico que en la Fiscalía General de la República opere una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que tiene por objetivo perseguir y erradicar los cometidos por servidores públicos en México y el extranjero y que en el Poder Legislativo exista una Auditoría Superior de la Federación.

Las mezclas que se quieren hacer no tienen sentido.

Con similar criterio debieran concentrarse las fiscalías que atienden sólo feminicidios, delitos contra menores, secuestros, etcétera y que el engendro resultante se ocupe también de auditar la Cuenta Pública del Gobierno federal.

El resultado sería tan suculento y sano como un licuado de desayuno con jugo, huevos pan y café; de comida con sopa, guisado y postre; de cena con biscocho y leche, cada uno aderezado con las frutas, medicinas y bebidas que cada quien acostumbre…