Licencia para violar la ley

Con el país en agobiante proceso de chatarrización y en un contexto sanitario y económico de espanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala una bomba política: da luz verde a funcionarios de los tres niveles para que puedan entrometerse en la ya muy próxima y más compleja contienda electoral de la historia.

Por cinco votos contra dos, los magistrados batearon la medida cautelar dictada por el Instituto Nacional Electoral en contra del presidente de la República para proteger la equidad en los comicios.

Chairizado y con su titular José Luis Vargas bajo sospecha de enriquecimiento ilícito, el Tribunal recula de la resolución confirmativa (Sup-Rep-75/2020 y Sup-Rep-76/2020) a que llegó luego de que, en junio, el INE le advirtiera al Presidente del riesgo de ser apercibido de medidas preventivas por criticar a los partidos de oposición y suponerlos detrás de la hilarante BOA.

La contradicción retrata la podredumbre de una instancia inapelable (ni la Suprema Corte puede ponerla en su lugar) que juzgará los litigios electorales que se avizoran.

Si es grave que al primer mandatario se le autorice inmiscuirse en la pelea por cargos de elección, lo es también que la mayoría de magistrados, de manera implícita, alcahuetee la intromisión de cualquier otro servidor público federal, local o municipal en la madre de todas las elecciones.

Después de la BOA, Andrés Manuel López Obrador hizo declaraciones de índole electoral en Baja California el 27 y 29 de noviembre, y el 30 en su conferencia mañanera: habló de una posible alianza PRI-PAN e invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto y mantener el proyecto de la 4T, con lo que violentó los artículos 41 y 134 de la Constitución y motivó una cautelar en tutela preventiva para que se abstenga de realizar expresiones de índole electoral y proselitismo a favor o en contra de fuerzas políticas distintas de la suya.

La magistrada Janine Otálora propuso confirmar la decisión del INE pero sólo fue secundada por Reyes Rodríguez.

En cambio, el presidente del Tribunal (a quien el Gobierno tiene en sus manos por las acusaciones de corrupción) y los restantes cuatro magistrados (Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Mónica Soto), descaradamente lópezobradoristas, salieron con la vacilada de que las expresiones del Presidente no ameritan advertencias preventivas porque son “actos futuros de realización incierta”. O sea, que según ellos el INE cometió censura previa.

Congruentes lamepiés, cometieron de pilón una marranada que espeluzna: por primera vez establecieron una medida de apremio contra los consejeros del INE que integran la Comisión de Quejas (Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama), quienes basaron su decisión precisamente en las consideraciones y criterios desarrollados por el degradado Tribunal, para que se les aperciba o se les amoneste.

Qué infames “servidores de la nación” con toga.

Felices no fiestas. El asalto… aquí reaparecerá el 4 de enero.