Vocero súbito de Fiscalía chafa

El subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, violenta el estado de Derecho al usurpar funciones y descender a la condición de vocero de la Fiscalía Especial del caso Iguala para desmentir a La Jornada de antier sobre el fracaso “en dos intentos por obtener órdenes de aprehensión contra dos militares presuntamente implicados con el cártel Guerreros Unidos y señalados de participar o incurrir en acciones omisivas para evitar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa…”.

Vía Twitter, se apresuró en delatar que conoce una investigación que debiera ignorar.

Ampliado, el mentís de quien preside la sui géneris Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa fue publicado ayer por ese diario:

“Rechazó que las autoridades que investigan el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa hayan fracasado en obtener la detención de dos militares presuntamente involucrados en la desaparición forzada de los jóvenes (…). Aseveró que esta información no corresponde a la investigación…”.

Encinas revela que Omar Gómez Trejo, el inexplicable fiscal especial del caso (fue secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que impulsa la tontería del “crimen de Estado” y el supuesto involucramiento del Ejército), le informa de averiguaciones que debiera mantener en reserva.

La versión del fracaso es tan verosímil como ciertas las desaseadas peticiones de órdenes de aprehensión que avergonzarían a estudiantes de cualquier escuela patito de Derecho, según lo evidencia la que le aplicó (entre una veintena de coacusados) al capitán retirado José Martínez Crespo, imputándole el delito delincuencia organizada con fundamentos, entre paréntesis, previstos en el Código Penal Federal (con la finalidad de cometer delitos contra la salud; sin funciones de administración, dirección o supervisión; acción permanente, dolosa, y dolor directo), pero sin exponer motivación alguna: con quiénes se asoció; tiempo, modo, lugar…, pese a que lo mandatan el 16 constitucional y la legislación sobre derechos humanos.

El fiscal general, Alejandro Gertz, no debe sentirse cómodo cuando unas veces el presidente López Obrador, otras el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, su tocayo Encinas o el fiscal Gómez atentan con preocupante frecuencia contra la autonomía del Ministerio Público.

Valido de su cargo honorífico (no legal porque no deriva de una Ley) de presidente de la facciosa Comisión para la Verdad, el subsecretario de Gobernación interviene en investigaciones para las que no está facultado.

En los 140 caracteres de su tuit (“Con relación a la nota publicada hoy en la primera plana del @LaJornada respecto al caso #Ayotzinapa, queremos señalar que la información presentada no corresponde con la investigación que se está llevando a cabo”), contravino la Constitución y leyes como la de la FGR y la del INAI (lo secreto y reservado) que juró cumplir y hacer cumplir.

Y todo por empinar al Ejército...