Sensato escepticismo de Ricardo Monreal

El coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó con escepticismo la recepción de la solicitud presidencial para la innecesaria consulta popular sobre los expresidentes:

“No quiero adelantar vísperas, creo en el Derecho y por eso no me genero perspectivas inciertas, vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte…”.

Tan delicado, cierto, como que nada que afecte los derechos humanos amparados por la Constitución y los acuerdos internacionales puede ser sometido a la opinión del “pueblo” sin violar el principio del debido proceso, la presunción de inocencia y la privacidad de los imputados que consagra el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La demanda presidencial, en todo caso, quizá tuviera sentido como denuncia de hechos ante el Ministerio Público.

En la solicitud viene un sofisma con que se pretende sortear la improcedencia de que la justicia se aplique por votación ciudadana:

‘Décimo quinto. La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral III, fracción 8ª del artículo 35 constitucional en el sentido, cito textualmente, de que ‘no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las garantías para su protección. ‘No es así por cuanto’ la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal, ‘claro, un asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar, en su caso’, juicios apegados a Derecho y respetuosos del debido proceso; ‘por el contrario, la consulta popular pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos públicos estipulado en el artículo 25 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’”.

Desde luego que no: el “cauce legal” es el constitucional que rige (o debiera regir) en México, mismo que ni de lejos, pero para nada, prevé la contradicción de “posibilitar, en su caso’, juicios ‘apegados a derecho’ y respetuosos del debido proceso” determinados por el parecer público.

Abogado al fin, Monreal tiene clarísimo el sentido político de la petición:

“‘Es más un clamor de justicia y visibilizar’ que nunca más vuelvan a suceder actos de corrupción…”, es decir, refleja un sentimiento público y lo que se busca es hacerlo más notorio, pero nada más, debido a que jurídicamente la solicitud tiene como destino la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Explicable quizá porque De la Madrid ya no vive, los expresidentes expuestos a la insania pública son cinco (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña), cuyas gestiones abarcaron 30 años y no los 36 desde que, decía López Obrador, se instauró el nefasto neoliberalismo que engendró multimillonarios y causó todas las desgracias.