¿Qué más va a militarizarse?

¿Qué más va a militarizarse?, escribe Carlos Marín en #ElAsaltoALaRazón.

Especializado en derecho aeronáutico, Rodrigo Soto Morales “comienza” a ocuparse de un tema que domina ya: el marítimo.

Gracias a mi amigo Armando Rendón abrí la liga https://drive.google.com/file/d/19cQF4vk_OPNbGHI4lAcQz-EApKCq5UeH/view?usp=sharing y conocí una luminosa explicación sobre la insensatez de responsabilizar a la Marina Armada del manejo administrativo de los puertos.

Aquí un quemón: La investigación de los delitos fiscales y el contrabando son tareas de una institución civil: la policía.

Y asegurarse del pago de derechos aduaneros, el control arancelario y la licitud de las mercancías del comercio exterior corresponden a un órgano “aduanero” que, entre otras atribuciones, puede “multar”.

Darle tal función a la Marina Armada contraría el diseño constitucional de la República porque se concentra el poder en menos instituciones.

Hablar de “corrupción y delitos” es sacarle el bulto al Estado de Derecho.

Corrupción y concentración de funciones debilitan a las instituciones civiles.

El derecho marítimo parte de tratados internacionales para facilitar la navegación y el comercio.

Admite una autoridad mixta (desde 2017 las capitanías están en manos de la Marina Armada), con reparto preciso de atribuciones entre los poderes civil y militar (éste vela por la soberanía territorial y la seguridad portuaria).

La plena militarización inhibe la actividad comercial, ya que los puertos son para facilitar “la navegación y el comercio”.

Cuando el registro marítimo y la matriculación de los buques pasa de las autoridades administrativas civiles a las militares, se distorsiona la concepción del Estado moderno, republicano y democrático.

Para operar, las Fuerzas Armadas fueron creadas y diseñadas con el uso de “la fuerza” como atributo primordial.

El abogado se plantea:

“Cuando digo que el tráfico de mercancías, que debe ser controlado a través de las aduanas ‘cuyos pagos de derechos son de naturaleza fiscal’ y, so pretexto de que hay corrupción e inseguridad, las funciones de la ‘policía’ pasan a ‘los militares’, ¿qué sigue? ¿La aviación, las torres de control, los servicios a la navegación aérea, el autotransporte federal, el ferroviario…?”.

El trabajo de erradicar la corrupción, de denunciar, perseguir y procesar, es más extenuante.

Una carrera de largo plazo, pero “a los políticos lo que les interesa son carreras de corto plazo.

A los hombres de Estado lo que les interesa no es ganar unas elecciones, sino beneficiar a generaciones”.

Asignarles cada vez más tareas administrativas a las Fuerzas Armadas revela una visión cortoplacista, nociva a la idea de Nación plasmada en la Constitución.

Por indeseable que sea, militarizar los puertos impone reformar el 21 constitucional y las leyes orgánica de la Marina (y su reglamento interior), la aduanera y la de comercio exterior; las regulaciones no arancelarias y arancelarias, el código de comercio y asegurarse de los avisos que tienen que darse a la Organización Marítima Internacional…