Ciudades, por el comercio justo

El autor es Licenciado en Negocios y Comercio Internacionales con Maestría en Desarrollo Social.

La crisis derivada de la pandemia por Covid-19 acentuó la fuerte desigualdad producto de nuestro sistema económico actual. Ante ello, se han planteado diversas alternativas que buscan reducir esta problemática; una de ellas, desde la concepción de la economía social y solidaria, es el comercio justo.

Si nos preguntamos cómo reavivar las actividades económicas sin caer en las mismas prácticas y modelos que propiciaron las brechas antes del confinamiento, podemos hablar de alternativas en las que colaboran productores, consumidores, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos coordinados hacia un mismo fin trabajando bajo el esquema de ciudades del comercio justo.

Para ser considerada una Ciudad del Comercio Justo, conforme a la Fairtra de Foundation, los actores deben colaborar para cumplir con cinco aspectos fundamentales: a) la localidad debe contar con productos del Comercio Justo; b) las autoridades locales deben ratificar una resolución de apoyo a la adquisición de productos del Comercio Justo; c) las OSC precisan declarar su apoyo al Comercio Justo, así como un número significativo de empresas deben estar dispuestas a distribuir los productos; d) elaborar una estrategia de mercadotecnia para informar

y concientizar a la sociedad y e) formar una comisión de seguimiento para liderar los trabajos.

Si bien es cierto que esta idea está pensada para ejecutarse a nivel internacional, entre productores de países emergentes y consumidores de países desarrollados, también es cierto que la propagación de los principios del comercio justo puede representar un estímulo significativo al consumo de productos locales y estrechar las relaciones entre comunidades rurales y urbanas, o

entre distintas zonas de una misma ciudad.

Los consumidores informados y conscientes reciben un producto de calidad; los productores atienden a un mercado que valora más sus productos y reconoce sus condiciones sociales; las

OSC promueven el compromiso con los principios del comercio justo; los gobiernos atienden los acuerdos necesarios para llevarlo a cabo.

Probablemente, el tema de cómo financiar estos proyectos puede causar inquietud y la respuesta debería surgir de los principios mismos de la economía social y solidaria desde el área de las finanzas éticas. Si aprovechamos las bolsas disponibles, cada vez más escasas, y aplicamos estos principios, probablemente podríamos hacer un uso más eficiente del recurso.

Esto para generar un mayor impacto y sensibilidad social. Espero podamos abordarlo en una siguiente entrega.  El comercio justo no pretende convertirse en la panacea y resolver todos  nuestros problemas. Se plantea como una opción de coordinación entre los distintos actores interesados en volver más justo aquello que potenciaba nuestras desigualdades.