Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica: abandono a la transición energética y emergencia climática

La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, modifica el orden de prioridad en el despacho de los generadores de energía eléctrica. Esto implica que, a partir de dicha reforma, la Comisión Federal de la Electricidad tendrán prioridad para la provisión de energía a la red eléctrica. En este sentido, el orden de preferencia queda de la siguiente manera: 1) la energía generada en las centrales hidroeléctricas de la CFE; 2) la generada por otras centrales de la CFE, como nuclear, geotérmica, termoeléctrica y de ciclo combinado; 3) energía solar y eólica de particulares; y, 4) la energía de ciclo combinado generada por empresas privadas.

Esta medida está lejos de ser una solución para atender la emergencia climática y cumplir con los compromisos y obligaciones que México tiene a nivel nacional e internacional para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La Comisión Federal de Electricidad no cuenta con la capacidad para abastecer a la red eléctrica con energías limpias y renovables para alcanzar la transición energética, dando prioridad a plantas contaminantes a base de combustibles fósiles suministrados por PEMEX en el caso de combustóleo y diésel.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, 96% del presupuesto de la Secretaría de Energía fue asignado a actividades de gas y petróleo; mientras que el gasto público asignado por esta secretaría a cambio climático representó solo 0.8% del total. Por su parte, la CFE, que a partir de ahora tendrá prioridad en el despacho de electricidad, solo asignó 0.12% de su presupuesto de 2021 a acciones relacionadas con la atención al cambio climático, mientras que de los recursos asignados a programas y proyectos de inversión tan solo 2.8% corresponde a proyectos de energía renovable.

Según el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2020 publicado el 4 de febrero por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), el país enfrenta grandes retos para llevar a cabo las acciones requeridas para atender el cambio climático.

De los 21 países analizados, correspondientes a los más contaminantes de latinoamericana, México ocupa la posición 18 en el ranking de finanzas sostenibles, lo que lo sitúa en un nivel de desempeño pobre.

Esto debido a que una proporción importante de sus ingresos, que en 2019 significó 23.5%, provino de actividades intensivas en carbono, como es la explotación de gas y petróleo, mientras que una proporción importante del presupuesto público, que en 2019 ascendió a 11.1% del presupuesto total, se dirige a la explotación de hidrocarburos.

Por su parte, el presupuesto sostenible del país, que incluye inversiones en energías renovables, es muy limitado, representó tan solo 0.05% del presupuesto total ese año, primer año del Gobierno de AMLO. En este sentido, el presupuesto intensivo en carbono representó 57.69% del total del presupuesto del sector energético y 11.07% del presupuesto total del país, 254 veces más que la suma del presupuesto conjunto destinado a energía renovable y eficiencia energética.

Los resultados del Índice muestran que el actual Gobierno mexicano no invertía en la transición energética, y ahora con las modificaciones a la LIE garantiza que seguirá perpetuando el modelo

basado en combustibles fósiles, sin dar oportunidad a que las energías renovables evolucionen en el país.

Es decir, el Gobierno no está generando las condiciones para impulsar esta transición, la cual debe ser justa y sostenible, y debe ayudar a combatir la pobreza y desigualdad energéticas y garantizar los derechos humanos.

Es urgente que el Congreso de la Unión promueva reformas fiscales para lograr la descarbonización de las finanzas públicas y promueva un incremento de recursos presupuestales para alcanzar la transición energética, por las presentes y futuras generaciones. ¡Cómo se ve difícil que suceda en esta administración!