Fideicomiso para el cambio climático

El autor es Ingeniero Bioquímico con especialidad en Ciencias Marinas Alimentarias, por el Tecnológico de Monterrey.

Debido a la decisión de las mayorías morenistas de senadores y diputados, obedeciendo la iniciativa del Ejecutivo, de eliminar 109 fideicomisos, el Grupo de Financiamiento Climático en Latinoamérica y el Caribe (Gflac) envía el siguiente comunicado el cual reproduzco por la importancia del contenido.

El llamado de Gflac es un asunto de emergencia.

El Gobierno, respecto a la crisis climática, poco ha realizado y las decisiones en esta materia tienden a lo contrario, como es la construcción de la Refinería de Dos Bocas; por lo mismo, los compromisos establecidos en el Acuerdo de París ya se veían cada vez más lejanos de poderse cumplir.

De concretarse la eliminación del fideicomiso para el cambio climático, sería casi como anunciar que México se queda al margen de los acuerdos establecidos junto con otros 196 países del mundo por la lucha global contra el cambio climático.

Salvemos el Fondo para el Cambio Climático

Los diputados deben evitar la extinción del Fondo para el Cambio Climático, el cual es clave para atender la emergencia climática y sus impactos a la salud en México.

De eliminarse este Fondo, se reducirían aún más los mecanismos de financiamiento para atender el cambio climático frente a un PPEF 2021 que sólo destina 1.1% de recursos públicos a este fin.

El Fondo para el Cambio Climático creado por la Ley General de Cambio Climático en 2012 tiene como objetivo “captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático”, de acuerdo con el Artículo 80 de la Ley.

La creación respondió a la necesidad imperante de incrementar los recursos existentes para la atención del cambio climático, la cual continúa vigente al día de hoy, y que se hace cada vez más necesario ante un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 que contempla únicamente dirigir 1.1% de los recursos públicos a atender el cambio climático.

Mientras que los recursos dirigidos a la explotación de combustibles fósiles, principal fuente de emisiones causantes del calentamiento global, representa 11.6% del PPEF total.

En este sentido, la Ley General de Cambio Climático prevé que los recursos que alimentarán el Fondo provengan de diferentes fuentes, además de las previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y otras aportaciones de otros fondos públicos.

Uno de los aspectos centrales de la creación del Fondo ha sido apoyar medidas de adaptación debido a la alta vulnerabilidad a la que México está expuesto ante los impactos de un cambio climático que ya están sucediendo y que se verán agravados en el futuro cercano.

Promueve medidas que tengan un doble impacto, en materia de mitigación y adaptación; además de apoyar medidas de mitigación para reducir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es clave para que México cumpla con sus compromisos para reducir emisiones y evitar un aumento de la temperatura global de más de 1.5 grados centígrados, tal como quedó establecido hace cinco años en el Acuerdo de París.

Es importante mencionar que el Fondo opera bajo la gestión de un Comité presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde participan diversas Secretarías del Gobierno federal (Hacienda y Crédito Público, Economía, Gobernación, Bienestar, Comunicaciones y Transportes, Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano).

Hasta ahora el Fondo ha operado a través de convocatorias que han permitido que el recurso llegue a diversos destinos, incluidos proyectos a nivel estatal y local.

Si bien es necesario reforzar su gestión y mejorar sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como contar con un plan de recaudación de recursos para fortalecer su operación, acabar con él sería un gran error para la lucha contra el cambio climático y una clara violación al Estado de Derecho, al poner en riesgo un acceso a un medio ambiente sano.

Su cancelación supondría un retroceso importante en el financiamiento de acciones dirigidas a este fin.

El autor es Ingeniero Bioquímico con especialidad en Ciencias Marinas Alimentarias, por el Tecnológico de Monterrey.

Tiene una especialidad en Desarrollo Sostenible.

gmontanop@yahoo.com