Niñez con discapacidad, reto para los gobiernos

La autora es especialista en Derechos Humanos, Democracia, Niñez y Política Pública.

Fue el año pasado, antes de la pandemia, en esos tiempos en los cuales era normal asistir a eventos en las escuelas, cuando mi hijo me dijo que su amiguito Santi había muerto.

Me lo dijo de forma directa, sin ningún tipo de preámbulo.

Lo hizo mientras yo conducía.

Me estacioné para preguntarle si eso que me decía era verdad, y es que mi hijo tenía 9 años.

Me lo confirmó y los dos lloramos.

Santi era un compañerito suyo, pero amigo también.

En los festivales, en cuanto se daba cuenta que Santi lo necesitaba, lo ayudaba; pero no era el único, los demás niños y niñas de forma natural parecían estar siempre atentos a lo que fuera que Santi pudiera necesitar, no lo dejaban atrás, hacían equipo con él y todo fluía naturalmente como pasa con niños y niñas.

En los recesos, jugaban.

Mi hijo me contaba a diario de ello.

De hecho, en algunas fiestas de cumpleaños me tocó verlo nadar, jugar con espuma, simplemente ser feliz, acompañado de su madre, de quien inmediatamente admiré su destreza para dejarlo ser lo más independiente posible, sin sobreprotegerlo.

Definitivamente Santi dejó un vacío.

Pero ese tiempo que asistió a la escuela, que rió, jugó y aprendió, permitió que muchas niñas, niños, adolescentes y adultos, aprendiéramos en carne propia, en la práctica, lo que significa la inclusión verdaderamente.

Lo que pasó fue que en esa escuela vieron algo que muchos y muchas no ven: a un niño.

Simplemente a un niño como los demás.

No a un niño con parálisis cerebral, no a un niño con cualquier otra discapacidad, sino a un niño, sin calificativos.

Desafortunadamente no son muchas las escuelas en las que vemos que asisten niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Y esto nos da cuenta de una realidad inminente, la de madres y padres que, en la búsqueda de una escuela para su hijo o hija, se enfrentan a un flagelo que atenta contra la dignidad de cualquier persona: la discriminación.

Lo más lamentable es que la viven y sufren de la forma más cruel, porque es en contra de sus propios hijos o hijas.

Yo no soy madre de ningún niño o niña con discapacidad, pero no se necesita serlo para darme y darnos cuenta, que hay cosas que necesitan ajustarse, por derecho, por justicia.

En nuestra legislación, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 prevé que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la igualdad sustantiva, que tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación, ni restricción de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos, o a su madre, padre, tutor.

Además, están los estándares internacionales, la misma Convención de los Derechos del Niño de 1989, con la que el estado mexicano tiene un compromiso y que protege igualmente los derechos de la niñez.

Historias de madres y padres de familia que viven en la zozobra porque no encuentran escuelas que reciban a sus hijos o hijas debido a que presentan algún tipo de discapacidad, por supuesto que vulnera los derechos humanos de la niñez, que es anticonstitucional y escribo “derechos” en plural, porque cualquier escuela que rechace a una niña o niño por su discapacidad, le está negando el derecho de aprender, el derecho a la educación, pero también, el derecho a jugar, desarrollarse, etcétera.

Es importante que los gobiernos asuman su responsabilidad y busquen cómo hacer de la inclusión una realidad en todas las escuelas, de esta forma ganamos todas y todos, al forjar un país justo, que respeta y hace realidad sus leyes.

Debemos tener en cuenta de igual forma, a la progresividad, a este principio, que nos dicta, que siempre debemos ir mejorando el acceso de todos y todas a nuestros derechos humanos, los cuales son considerados bienes básicos para la humanidad.

La autora es especialista en Derechos Humanos, Democracia, Niñez y Política Pública.