Políticas de empleo y protección social

Los gobiernos se formulan los planes y programas para la recuperación económica, social y laboral de una forma segura y sana tras la estabilización de la pandemia, serán muchos los desafíos en materia de políticas públicas para lograr la nueva normalidad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), elaboraron el documento “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”, que destaca lo siguiente en cuanto al mercado de trabajo en nuestro país.

1) La tasa de desocupación nacional se mantiene en 3.5% entre 2018 y 2019, cerca de dos millones de personas desocupadas;

2) Subió el porcentaje de asalariados que cuentan con prestaciones laborales del 62.3% en 2018 al 63.0% en 2019;

3) El empleo informal sumó 31.3 millones de personas al último trimestre de 2019, un aumento del 2.0% respecto al mismo período de 2018 (ENOE, 2019), que representan un 56.2% de la población ocupada (INEGI, 2020).

4) Un aumento del 2.7% de los salarios reales en el empleo registrado en 2019; y

5) el gasto en políticas de mercado de trabajo no supera el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que contrasta con el 1.3% que dedican en promedio los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Frente al escenario pandémico, el documento de la Cepal-OIT informa que el Gobierno Federal de nuestro país implementó una serie de medidas para mitigar los problemas laborales, tales como otorgar 3 millones de créditos por un monto de 1,000 dólares estadounidenses cada uno -25 mil pesos mexicanos-, para empresas formales e informales que no hubieran despedido ni bajado los sueldos a sus trabajadores.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el estudio “La política pública frente al Covid-19: Recomendaciones para América Latina y el Caribe”, que discute la respuesta económica ante la crisis con base en dos objetivos: (1) proveer un piso mínimo de ingreso para todos los hogares; y (2) preparar respuestas fiscales, financieras y monetarias para proteger a trabajadores y empresas y minimizar posibles efectos sistémicos en la economía.

En el estudio del BID se reporta que las políticas públicas implementadas en la región de América Latina y el Caribe para contrarrestar los impactos negativos son:

1) Proteger a los hogares más afectados por la crisis por medio de una transferencia universal, de magnitud modesta, y por un tiempo limitado, que dependerá del número de personas en la informalidad y la capacidad y espacio fiscal de los países.

2) Proteger a trabajadores y empresas y minimizar los efectos sistémicos, para lo cual se deben considerar las siguientes medidas fiscales y monetarias: a) Impedir que la crisis lleve al colapso del sistema financiero y de pagos; b) Proteger el empleo e impedir un crecimiento en la informalidad; c) Evitar el quiebre de empresas solventes, pero temporalmente ilíquidas; y d) Promover la reactivación rápida después de la crisis.

Al respecto, el Banco de México continúa con la expansión cuantitativa al aumentar la oferta monetaria y bajar la tasa de interés de referencia -5.5%-; y el Gobierno Federal prosigue con la austeridad fiscal, la reasignación presupuestal y la reorientación del gasto público para adelantar las transferencias de los programas sociales y brindar créditos solidarios y a la palabra a las empresas formales e informales, además de reactivar tres sectores estratégicos para frenar el desempleo acumulado, construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.

El autor es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor-Investigador, Universidad de Sonora.

@EspejelJoel / joel.espejel@unison.mx