El gobierno de EPN que se convirtió en espía

En esta semana se detonó un escándalo mundial sobre la revelación del espionaje de casi 50 gobiernos, entre ellos varios con tintes autoritarios. En estos países se utilizó el programa de espionaje de teléfonos celulares Pegasus de la empresa israelí NSO para hacerse de información personal y sensible de decenas de miles de objetivos que eran personajes políticos, entre ellos opositores, líderes sociales y periodistas, según reveló el consorcio periodístico Forbidden Stories y la organización Amnistía Internacional, que también fue parte de una investigación periodística de la revista Proceso divulgada incluso horas antes.

A dichos medios siguieron los diarios Le Monde y The Guardian. Entre los que efectuaron este espionaje destacan, para variar, países como Hungría, Marruecos, la India, Arabia Saudita, Ruanda entre otros, sin faltar México.

El aparato de espionaje fue contratado por Enrique Peña Nieto, según la ONG Forbidden Stories, donde los actores políticos que fueron materia de estos actos sumamente invasivos fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y 50 personas muy cercanas a él, destacando su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, hijos, y hasta su cardiólogo Heriberto Ortiz Fernández, que había operado en diciembre de 2015 al entonces opositor político López Obrador. En la revelación periodística se señaló que hasta 15 mil personas fueron objeto en México de espionaje con el software Pegasus.

Curiosamente en mi colaboración de hace 15 días había puesto como ejemplo de corrupción la adjudicación directa para la adquisición de dicho sistema y que era este tipo de excepciones a las licitaciones un lastre del neoliberalismo, y que se tenía que revisar ese marco de simulación para privilegios y saquear las arcas ciudadanas.

En efecto, a pesar de los vicios de dichas adjudicaciones, la adquisición del mismo software es ilegal no sólo por haber sido adjudicado de manera directa sino también por haber sido utilizado para violentar los derechos fundamentales de miles de ciudadanos, ya que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las comunicaciones son inviolables a menos de que se cuente con una autorización judicial que obviamente no se tenía por el entonces gobierno peñista.

Las víctimas potenciales en la trama de espionaje en México incluye desde diplomáticos, políticos de todos los partidos, periodistas, activistas y líderes sindicales bajo el pinchazo a sus teléfonos celulares en 2016 y 2017, coincidiendo cuando el hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador daba forma a su equipo para ir a las elecciones presidenciales de 2018.

Este caso obliga a recordar que la voz ciudadana será escuchada cuando en los próximos días que se lleve a cabo la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes.

Twitter: @UlrichRichterM

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales