Colaboración Especial

Las adjudicaciones directas: un lastre neoliberal


Las tres formas para participar en la contratación gubernamental, según la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, son: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa.

Dentro de éstas, durante el periodo neoliberal, la adjudicación directa es la que en la mayoría de las veces sirvió para saquear las arcas del pueblo; como ejemplo tenemos las que se llevaron a cabo en la Estafa Maestra, el software Pegasus de Tomás Zerón de Lucio en la extinta Procuraduría General de la República, y en un caso paradigmático, la otorgada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) a favor de Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V., identificada con el número de contrato Prodecon-SCCVI-080/2014, firmado por su apoderada María Andrea Valles Ibáñez con fecha 7 de abril de 2014, misma licitación que ya es materia de un procedimiento penal por uso ilícito de atribuciones y facultades.

En efecto, este último nos advierte que hasta el gigante tecnológico ha sido beneficiado con esa forma de obtener contratos con las dependencias de gobierno que ha sido fuertemente cuestionada por especialistas y organismos no gubernamentales de ser altamente discrecional y opaca.

Durante los primeros cinco años del sexenio de Peña Nieto, la Prodecon otorgó 22 contratos por adjudicación directa por más de 800 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), para realizar trabajos de soporte técnico, asesorías, carpintería, albañilería y limpieza, de acuerdo con la investigación periodística de Diana Lastiri en el periódico El Universal del pasado lunes 5 de julio.

Sucedió bajo el argumento de que cuando existen contratos entre dos organismos públicos no se requiere la realización de licitaciones públicas.

Continuaron las irregularidades de estos instrumentos que fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en distintas revisiones a la Cuenta Pública 2014, ejercicio en el que la UANL obtuvo adjudicaciones directas de Prodecon por más de 640 millones de pesos para servicios como organización de conferencias de prensa, foros, inauguración de delegaciones, stands, exposiciones, instalación, así como mantenimiento del sistema de videoconferencia de la Procuraduría, entre otros.

Sería conveniente evaluar si la forma de la adjudicación directa ha servido a los intereses de los ciudadanos o ha privilegiado y, por ello, beneficiado a algún contratista.

Hoy cuando se mencionan algunos vicios que han sido producto de la época neoliberal vale la pena preguntarse ¿y no será que esta figura de adjudicaciones directas, algunas veces convertida en una especie de saqueo a la hacienda pública, tuvo su cúspide en dichos gobiernos? por ello en aras de la rendición de cuentas, sería saludable que se revise este esquema al amparo de los efectos dañinos a los intereses de los ciudadanos.

Ahora bien, ante esta situación me permito compartir las palabras del general revolucionario Francisco José Mujica, en su obra “Hechos, no palabras”:

“Cuando en un pueblo o en una nación se pueden cometer impunemente abusos, delitos y arbitrariedades como los que han cometido Fulano, Zutano, Mengano y otros muchos funcionarios públicos que se les parecen, es una prueba evidentísima de que el respeto a la ley se ha perdido, y que se le ve con el más alto desprecio. ¿Quién es el principal culpable en este caso?, ¿el pueblo que tolera que un grupo de hombres lo dominen a su capricho?, ¿o los que lo dominan abusando de su ignorancia o de la paciencia de ese pueblo? Creemos que ambos son culpables: el uno, porque tolera los delitos, y el otro, porque los comete. El respeto a la ley es obligatorio para todos; gobernantes y gobernados deben respetarla”.

Por ello, los mejores auditores contralores somos los ciudadanos, no permitamos este tipo de saqueo, denunciémoslo.

Autor del libro “Manual del Poder Ciudadano”.

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales.

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