Ganó México y Baja California

No esperábamos menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la “Ley Bonilla”. Sin embargo, la demora en el fallo y las declaraciones encontradas de algunos funcionarios del gobierno federal habían fomentado serias sospechas sobre este controvertido asunto.

Afortunadamente para México y en especial para Baja California, la decisión de la Suprema Corte fue tajante y unánime en el sentido de invalidar la reforma de la constitución estatal que buscaba ampliar de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla, gobernador en funciones.

Todo empezó en julio del 2014 cuando el Congreso de Baja California aprobó un cambio en la duración de los periodos para gobernador, alcaldes y diputados con la idea de empatar los procesos electorales al calendario federal.

De tal suerte se acordó que el gobernador, alcalde y diputados electos en 2019 tendrían un ejercicio de solo dos años. Se discutió en ese entonces la posibilidad de ampliar a cinco años la gubernatura, pero los partidos no se pusieron de acuerdo y optaron por dejarla en dos.

El 8 de julio del año pasado, a poco más de un mes de la elección ganada por Bonilla, el Congreso de Baja California aprobó sorpresivamente la ampliación de dos a cinco años del periodo del siguiente gobernador con el respaldo de los legisladores de Morena, el PAN y el PRI.

La polémica no se hizo esperar ni tampoco los calificativos de arbitraria, ilegal, corrupta, abusiva y quien sabe cuantos más en contra de la inesperada acción legislativa. Después vinieron largos periodos de espera para anular la ley.

El primer argumento de la Corte para no recibir apelaciones fue que no se podía discutir este asunto sino hasta que el nuevo gobernante llegará al poder el primero de noviembre y luego transcurrieron más de seis meses para finalmente ayer lunes dar reversa a la controvertida “Ley Bonilla”.

En votación unánime, los integrantes de la Suprema Corte avalaron el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas que declara la ampliación del gobierno del morenista Bonilla como un fraude a la Constitución y una maquinación que violó los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección, irretroactividad de las leyes y derecho al voto.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, sostuvo que todas las violaciones son muy graves pero además cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada. El magistrado Juan Luis González Alcántara calificó la reforma como un atropello al voto libre, secreto y directo. Por su parte, Alfredo Gutiérrez la consideró como un ataque al corazón de la democracia.

En otras palabras, la artimaña de Jaime Bonilla y allegados fue a todas luces un madruguete para extender el poder que bien puede calificarse de una sucia leperada. Lo que hoy es difícil entender es porque tardó tanto tiempo la Suprema Corte para dar palo a esta reforma que tanto ruido y daño ha ocasionado al país y en especial a Baja California.

Por meses abundaron las especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente López Obrador movería sus hilos en la Corte para impulsar la “Ley Bonilla” y a su amigo gobernador. No ocurrió así por suerte y este día con júbilo podemos decir que el fallo de la Suprema Corte apuntala a la democracia mexicana y aleja los nuevos intentos por imponer el autoritarismo por encima del orden jurídico.

Una de cal por las que van de arena para la ola morenista, ahora esperemos que el gobernador Bonilla aprenda la lección y no intente en el futuro otras maniobras para perpetuarse en el poder. No sabemos por qué, pero este suceso trae al recuerdo el negro episodio del político bajacaliforniano cuando siendo propietario del equipo de beisbol de Tijuana intentó corromper a los jugadores de las Águilas de Mexicali.

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