Decir la verdad cuesta $10 millones

Ahora resulta que en México criticar a un político que ha sido arrestado en el extranjero por presunto lavado de dinero y que ha sido señalado en innumerables ocasiones por corrupción, es considerado un delito grave que puede ser sancionado por hasta diez millones de pesos.

Tal es el caso del periodista, investigador y académico Sergio Aguayo Quezada, quien por haber dicho que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, destilaba una “hedor corrupto”, un juez civil de la Ciudad de México podría dejarlo en la calle o mejor dicho en la ruina.

Esto es lo único que le faltaba al gobierno de la cuarta transformación –o la transformación de cuarta como dicen algunos—para complicar todavía más la problemática política, social y económica de México.

El caso inició con el artículo publicado por Aguayo en el periódico Reforma en enero del 2016, días después de que Moreira fue capturado en Madrid acusado de lavado de dinero, y derivó en una demanda que el mes de julio del mismo año presentó el coahuilense en contra del periodista por daño moral.

Ocurrió, pues, años antes de que el actual gobierno federal tomara posesión y además la sentencia surge de un juez civil de la ciudad de México que prácticamente nada tiene que ver con la administración de López Obrador.

Sin embargo, ante la gravedad y lo inusitado del caso, afectará la imagen del régimen morenista en donde además su máximo líder se ha destacado como un abierto crítico y enemigo de varios medios de comunicación independientes en México.

López Obrador se apresuró a declarar que su gobierno no tenía responsabilidad alguna en el fallo en contra de Sergio Aguayo, se pronunció a favor del respeto a la libre manifestación de ideas y se comprometió en la conferencia mañanera a no promover leyes ni acciones que coarten el sistema de libertades de nuestro país.

La acción en contra del investigador levantó de inmediato un amplio malestar en los medios periodísticos nacionales y seguramente provocará fuertes reacciones del extranjero porque se trata de un abierto atentado contra la libre expresión de un prestigiado académico mexicano.

Para darnos una idea de la calidad de Aguayo Quezada les compartimos algunos datos biográficos: Nace en La Rivera, Jalisco, en 1947, es profesor investigador de El Colegio de México desde 1977, ha sido profesor invitado en la universidad de Harvard desde el 2015, es autor de más de 25 libros y ha participado en por lo menos 500 congresos nacionales e internacionales.

Es un activo promotor de los derechos humanos y la democracia, se le reconocen infinidad de propuestas y campañas a favor de las libertades en México, además de haber participado en organizaciones ciudadanas como Alianza Cívica, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y Fundar, entre otras.

No recordamos una resolución legal tan absurda e irracional en contra de un periodista y académico, vaya ni en los tiempos de la dictadura tricolor se cometían este tipo de arbitrariedades, sin duda había otros mecanismos más sutiles y menos burdos para castigar a quienes se atrevían a señalar a los políticos corruptos y poderosos.

Aunque no le guste y quiera permanecer al margen, tarde que temprano el presidente López Obrador tendrá que meter su cuchara para intentar corregir este tremenda arbitrariedad por parte de un juez civil.

Todavía no podemos digerirlo: obligar a un comunicador a pagar diez millones de pesos por la sencilla razón de señalar lo obvio y evidente del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. ¿A dónde vamos México?

Noticias, noticias…

Mientras el juicio político en el Capitolio se complica para los republicanos, el presidente Donald Trump persiste en su estrategia de distraer a los medios de comunicación. Ayer montó un gran escenario en la Casa Blanca para firmar una vez más el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) al que presentó como un nuevo modelo de comercio para el siglo XXI. Trump no invitó a los demócratas al evento, tampoco participó algún enviado del gobierno de Canadá… “Pero que necesidad”, cantaría Juan Gabriel si todavía viviera al conocer la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial. Reconoció que existen infinidad de asuntos legales por resolver y aún así difundió una posible versión del “cachito” para la rifa, hágame usted el favor.