Estado alista mecanismo para monitorear vehículos del programa Only Sonora

En promedio, históricamente, el Gobierno del Estado ha pagado cerca de 17 millones de pesos en fianza por el no retorno de vehículos de procedencia extranjera que solicitan el programa Only Sonora, por lo que se trabaja en un mecanismo que pueda monitorear dónde está el automóvil y que se pueda extender en toda la entidad, indicó Omar del Valle Colosio, secretario de Hacienda.

Con el programa Only Sonora, los solicitantes tienen hasta 180 días para retornar hacía los Estados Unidos, de no ser así el Gobierno estatal paga una fianza a la Federación, explicó el funcionario estatal, quien añadió que trabajan en un mecanismo, además de contar con un registro, para evitar que los vehículos permanezcan de forma irregular en tierras mexicanas.

“Anualmente el Gobierno del Estado ha pagado entre 15 y 17 millones de pesos por vehículos que no retornan en tiempo que sacaron su permiso en Empalme; lo que estamos tratando con la Secretaría de Hacienda federal es un mecanismo con el que podamos tener información.

“Va a ser un proceso que nos va a llevar algunos meses trabajando, es importante generar información de quién llega a Sonora; no solamente es un registro sino tener un tipo de dispositivo que permita monitorear como sucede en el caso de Repuve que te pone una calcomanía que tiene un chip y puedes verificar dónde está el vehículo”, detalló.

¿Qué es Only Sonora?

El programa Only Sonora es un programa que permite la importación temporal de vehículos de procedencia extranjera. El programa ha sido implementado para facilitar la movilidad de las personas que viven cerca de la frontera, y se espera que contribuya a la economía y al turismo de la región.

Los solicitantes del programa pueden obtener un permiso especial para importar su vehículo por un plazo máximo de 180 días. Durante este tiempo, el vehículo puede ser utilizado en territorio mexicano sin restricciones, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del programa.

Sin embargo, para evitar que los vehículos permanezcan de forma irregular en tierras mexicanas, los solicitantes tienen la obligación de retornar hacía los Estados Unidos antes de que venza el plazo. En caso contrario, el Gobierno estatal debe pagar una fianza a la Federación.