Exferrocarrileros de Sonora aún esperan justicia a 27 años de su despojo

A 27 años de la privatización de los trenes mexicanos, ex ferrocarrileros de Sonora y de otras partes del país aún buscan que se haga justicia por las afectaciones que sufrieron en 1995 con el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

El coordinador de la Fraternidad de Rieleros, José Guadalupe Esquivel Valenzuela, informó que alrededor de 5 mil ex trabajadores que todavía pertenecen a diversas organizaciones del país están solicitándole al gobierno federal una propuesta de solución para resarcir los daños ocasionados. 

Durante una reunión con los ex ferrocarrileros de Ciudad Obregón, informó que en días anteriores presentaron una solicitud ante la Secretaría de Gobernación para proponer el pago equivalente a lo de una jubilación promedio, o bien, una canasta alimenticia que incluya las necesidades básicas del día a día. 

“Hay confianza de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos apoye, porque él dijo hace meses que habría justicia para los que fuimos despojados con esta decisión de estado. La palabra la dio, tenemos la esperanza de que la va a sostener, tanta confianza tenemos que ya estamos haciendo el proceso para entregar las propuestas para recuperar estos derechos que perdimos hace 27 años”, expresó. 

Las personas que están en esta lucha son de Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y Navojoa, pero también hay de otras partes del país como Nayarit, Guadalajara y Puebla.

LA HISTORIA 

Fue en el año 1995 cuando el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León planteó una iniciativa para reformar un artículo constitucional que especificaba que el gobierno ya no iba a administrar el sistema ferroviario, por lo que estaría abierto a la iniciativa privada.

Derivado de esta situación, el gobierno mexicano le cedió ferrocarriles a empresarios extranjeros, lo que ocasionó que más de 60 mil trabajadores del país fueran destituidos a cambio de una indemnización. 

Según los afectados, el mismo sindicato de trabajo aceptó la privatización y no realizó ningún proceso de defensa para que las miles de personas no se quedaran sin empleo. 

“Este acto fue una decisión de estado y por lo tanto el gobierno no lo privatizó por un problema social o por un proyecto de nación, sino que fue para pagar los compromisos financieros que tenía a nivel internacional porque en ese año estaba sufriendo una crisis económica, por eso tuvo que pedir un crédito condicionado que incluía la reforma ferroviaria”, indicó Esquivel Valenzuela. 

Ante la falta de apoyo de los gobiernos, los ferrocarrileros tuvieron que buscar otras opciones de empleo, dejando atrás el gusto y amor que le tenían a este servicio privatizado.