Gobierno de EU rechaza aplazar sentencia a García Luna
La propuesta de la defensa era reprogramar la fecha de sentencia para el 1 de marzo de 2024.
En una nueva actualización del caso del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, el gobierno de Estados Unidos expresó su oposición a aplazar la sentencia, tal como había solicitado la defensa, decisión que fue presentada este miércoles ante la Corte de Nueva York, encargada del proceso.
La defensa de García Luna había presentado una carta el pasado 30 de junio, solicitando una ampliación del calendario previsto para la sentencia de su cliente. Alegaron contar con nuevas pruebas favorables que respaldarían al exfuncionario mexicano.
La propuesta de la defensa era reprogramar la fecha de sentencia para el 1 de marzo de 2024, lo que representaría un aplazamiento de cinco meses en comparación con la fecha actualmente establecida.
Sin embargo, la fiscalía del Distrito Este de Nueva York se opuso a esta solicitud y solicitó al juez Brian M. Cogan, quien lleva el caso, que se mantenga la fecha originalmente establecida para el 27 de septiembre.
En su argumentación, la fiscalía destacó que la defensa de García Luna ya había solicitado al menos dos extensiones previas, las cuales les fueron concedidas. Además señalaron que la corte debería rechazar esta nueva petición y cumplir con el reglamento que establece que la sentencia debe ser impuesta sin demoras innecesarias.
La fiscalía subrayó que los aplazamientos de este tipo sólo deben ser otorgados "bajo circunstancias excepcionales", como la aparición de nueva evidencia que pueda llevar a la absolución del acusado.
Por su parte, la defensa argumentó que en el último mes habían recibido un archivo de audio y video que revela una "nueva visión del caso", lo cual fundamentaba su solicitud de aplazamiento.
Cabe recordar que Genaro García Luna fue declarado culpable en febrero pasado de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con el tráfico de drogas y uno por mentir a las autoridades migratorias. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de haber utilizado su posición en México para colaborar con el Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense y advirtiendo sobre operativos en su contra.
