Discurso de odio podría ser penado hasta con prisión en Baja California Sur
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y discusión
La diputada María Guadalupe Moreno, miembro de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso de Baja California Sur para reformar el Código Penal del estado y establecer sanciones para aquellos que emitan "discursos de odio" hacia comunidades indígenas, afromexicanas e integrantes de la comunidad LGBTIQ+ por cualquier medio, incluyendo gestos o simbologías.
La iniciativa propone la modificación del Artículo 205 Ter del Código Penal para imponer una pena de dos a cuatro años de prisión o una multa de 250 a 400 días de trabajo a favor de la comunidad, así como hasta 300 días de multa a cualquier persona que realice un acto peyorativo o discriminatorio e incite a cualquier acto de violencia contra cualquier individuo, generando expresiones de hostilidad e intolerancia por motivos religiosos, étnicos, nacionales, de raza, color, ascendencia, género, orientación sexual u otro factor de identidad.
La diputada señaló que estas manifestaciones y conductas son motivo de "gran preocupación", ya que representan una amenaza para la estabilidad y la paz social en el estado. Asimismo, afirmó que es importante fomentar la creación de políticas públicas que garanticen espacios seguros para el libre desarrollo de las personas, incluyendo el derecho a la libertad de expresión.
Además, la diputada reconoció que las redes sociales han sido algunos de los medios donde los discursos de odio han tomado mayor alcance, contribuyendo en gran medida al desprecio, intolerancia, discriminación y estigmatización de individuos o grupos, buscando segregarlos de la sociedad.
En ese sentido, la iniciativa también busca implementar mecanismos preventivos para abordar la discriminación y estereotipos en niños y jóvenes a través de programas que aborden temas de discriminación a personas por diversidad sexual, grupo indígena, discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y discusión, y ha sido objeto de debate y discusión entre los diferentes actores políticos y sociales del estado.
