AMLO rechaza que su gobierno tenga la mayor cifra de periodistas asesinados

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes que en su sexenio sea en el que más periodistas han sido asesinados.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que en su administración sí ha habido comunicadores asesinados pero "desde luego que mucho menos" que en el gobierno de Felipe Calderón.

"No estoy diciendo que no haya asesinatos de periodistas, pero desde luego que mucho menos que en la época de Calderón", dijo en Palacio Nacional.

Adelantó que en los próximos días se dará un informe sobre asesinatos de periodistas, comparando su sexenio con los anteriores.

"En unos días más vamos a dar a conocer los lamentables asesinatos de periodistas haciendo la comparación de lo que sucedía antes y de lo que sucede ahora", anunció.

Este martes EL UNIVERSAL informó que durante el año pasado se documentaron 184 agresiones en contra de mujeres periodistas por el ejercicio de su labor, y la Ciudad de México es la entidad más violenta del país para las comunicadoras. Así lo reveló el informe Violencia contra mujeres periodistas; balance anual 2023, que elaboró la organización Comunicación e Información para la Mujer A.C. (Cimac).

Las entidades que también concentraron un número significativo de violencia son Michoacán, Puebla, Coahuila y Jalisco.

Ataques más frecuentes

Cabe destacar que las campañas de desprestigio, así como los actos de hostigamiento fueron los ataques digitales a la libertad de expresión más recurrentes a lo largo de 2023 y representan 19 por ciento, seguido del descrédito de la labor periodística, con 14 por ciento.

El bloqueo informativo es la agresión contra la libertad de expresión más frecuente, 34 por ciento de los casos conllevó una agresión física.

Además, 78 por ciento de las agresiones se refirieron a violencia psicológica, 20 por ciento representó violencia física, 2 por ciento patrimonial y 1 por ciento sexual.

El informe destacó que cuatro de cada 10 agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos, lo que equivale a 38 por ciento; después se acusó al equipo de un partido político con 28 por ciento.