Venden lotes rurales, pero sin regularizar

Zaira Fernández Morales, titular de la Sindicatura del Gobierno municipal, destacó que una de las denuncias más frecuentes es que las empresas desarrolladoras venden los terrenos con promesas falsas y en algunos casos el mismo lote lo enajenan hasta tres veces.

De unos 100 campestres que venden terrenos en las zonas rurales de la capital sonorense, sólo 15 cuentan con dominio pleno de los lotes que comercializan y apenas una veintena ha regularizado su situación ante el Ayuntamiento de Hermosillo.

Zaira Fernández Morales, titular de la Sindicatura del Gobierno municipal, destacó que una de las denuncias más frecuentes es que las empresas desarrolladoras venden los terrenos con promesas falsas y en algunos casos el mismo lote lo enajenan hasta tres veces.

La empresa desarrolladora Los Jiménez, la cual tiene terrenos en la zona de San Pedro, El Zacatón y Bahía de Kino, es de las más denunciadas y se ha detectado que venden hasta tres veces los lotes, pues una vez hecho el contrato, si el cliente falla en algunos pagos, vuelven a ofertar el terreno.

Otra empresa comercializadora que incurre en vender con mentiras, pues además no tiene lotes, y sólo se dedica a colocar los terrenos es Río Azul la cual promete a sus clientes en el contrato de enajenación proveerles servicios municipales, como drenaje y agua, sin tener el compromiso previo del Ayuntamiento.

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de Hermosillo, en atención a peticiones ciudadanas, se procedió a la regulación de la venta de terrenos campestres en el municipio, dada su creciente demanda y debido a que muchas de estas transacciones se realizan sin un completo apego a la legalidad. 

Para corregir esta situación, se emitieron nuevas disposiciones administrativas de observancia general, con lo que se inició el proceso de regulación correspondiente. 

A la fecha, una veintena de desarrolladoras campestres han regularizado sus actividades de acuerdo con la nueva normatividad municipal, lo que contribuye a la seguridad jurídica de un universo de alrededor de 35 mil familias, en una superficie de unas 875 hectáreas.