Faltó escuchar a padres y profesionistas sobre Ley Unison: diputada

Rosa Elena Trujillo, diputada de Movimiento Ciudadano compartió su postura sobre la reforma presentada ante el parlamento de la Ley Orgánica de la Unison durante la transmisión de Expreso 24/7.

El día de ayer se hizo pública la noticia de que las Comisiones Unidas aprobaron la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora que fue presentada en el parlamento, sin embargo, aún falta la votación del Congreso del Estado para saber lo que sucederá en la máxima casa de estudios de Sonora, ante esto, la diputada compartió sobre lo que busca resaltar la iniciativa que se presentó.

“Hay que precisar que la iniciativa llega acompañada de rumores, que ya estaba acordada, que hicimos creer que era una iniciativa que iba a pasar por un riguroso proceso de parlamento abierto, como lo es en una iniciativa de gran calado, creo que se montó todo un escenario, porque uno de los grandes rumores que se tenía, es que la ley iba a ser muy diferente a la que se tenía, y en parte no se equivocaron”, mencionó.

Añadió que esto es producto de tres parlamentos abiertos en tres de los seis campus de la Universidad, y que si bien participaron miembros de la comunidad universitaria, señala que hizo falta escuchar a voces externas, sonorenses que con sus impuestos subsidias las labores de la Unison.

“Había que escuchar a los padres, a los empleadores, a las cámaras de profesionistas, que están organizados y que buena parte de ellos son egresados de la Unison, pero en fin, la ley se analizó el día que nos reunimos las Comisiones Unidas, tuvimos una reunión de trabajo, en donde lo único que se avanzó fue la lectura del resumen que elaboró el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, y que presentó un texto donde incluyen muchos de los aspectos que se señalaron en los tres foros, pero también excluyeron otros”, relató.

Hubo falta de diagnóstico

Uno de los datos que la diputada señaló, fue que el último texto que se presentó tenía modificaciones de casi el 85% del documento inicial, lo cual lo traduce a una propuesta muy diferente a la que se aprobó inicialmente, y que debió haber sido interactuada con la rectora y la estructura académica, cosa que no se hizo.

“No se conocían los cambios en la Universidad, muchos maestros siguen sin conocerlos y nosotros pensamos que las reservas y todas esas modificaciones tenían que ser socializadas de nuevo; veo varios cambios, el principal es de la Junta Universitaria, la pregunta que yo me hice y les hice a mis compañeros fue: ¿qué está mal con la universidad?”, puntualizó.

Señaló que la propuesta, desde su punto de vista, no logra garantizar la estructura interna de la universidad con el fin de mantener gobernabilidad y la administración de recursos a favor de las funciones sustantivas de la universidad, además de que nunca hubo en la propuesta un diagnóstico donde quedara claro cuáles eran los puntos problemáticos que hacían falta cambiar.

“Yo hubiera esperado que hubiera un diagnóstico sobre los principales indicadores de la Universidad y corregir aquellos que lo necesitaran, no hay ni hubo, y en aras de democratizar la universidad, se vulnera y se desmantela una estructura académico administrativa sin tener claridad sobre qué es lo que va a suceder o cómo va a impactar la calidad académica”, finalizó.