Temporada de caza: activan a la FGR

La aparición ayer miércoles del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para anunciar, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, la solicitud del juicio de procedencia en

contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y aclarar que las acusaciones en torno al mandatario panista no eran una "venganza política", significa que la FGR está de vuelta.

Tras una larga y somnolienta pausa, a pesar de tener varias investigaciones y acusaciones de corrupción promovidas por el gobierno de la 4T contra personajes políticos y empresarios del pasado reciente y también del presente, la Fiscalía empezó a solicitar órdenes de aprehensión y a judicializar carpetas de investigación que durante varios meses estuvieron dormidas pero que hoy,

en vísperas de las campañas electorales de este 2021, comienzan a ser reactivadas en busca de un efecto político y mediático que, sin lugar a dudas, busca influir en el ánimo de los electores rumbo a las votaciones del 6 de junio.

Parece que al fiscal Gertz se le juntaron dos urgencias: por un lado los cuestionamientos y quejas dentro del gabinete y del propio presidente por la falta de efectividad y avance en las denuncias que presentaban desde el gobierno federal, y por otro lado su necesidad de que la mayoría de Morena en el Senado le apruebe sus reformas a la Ley Orgánica de la FGR que comenzaron a ser cuestionadas y descalificadas por funcionarios del gabinete federal que criticaban los cambios que propone el fiscal para fortalecer su poder y modificar la estructura operativa de la Fiscalía.

Es como si de pronto, para congraciarse con el presidente, el fiscal haya decidido reactivar denuncias y carpetas que, en estos momentos precisos de contienda electoral, cobran un especial valor para el presidente López Obrador y su interés prioritario para que Morena conserve la mayoría legislativa en las votaciones del próximo 6 de junio.

Lo interesante será ver cuántas denuncias más, de las varias que ha presentado la UIF, la Secretaría de la Función Pública y otras áreas de la administración lopezobradorista van a ser reactivadas  y judicializadas por la Fiscalía General de la República, que tiene una larga fila de denuncias que no han sido debidamente investigadas ni documentadas, empezando por la carpeta del caso Lozoya.

Pareciera que después de un impasse, en el que también influyó el confinamiento tan largo que se impuso Gertz Manero, que dejó de ir a su oficina durante casi un año por miedo a contagiarse

del Covid, y luego de que se desataran versiones de que en ausencia del fiscal el control lo tenían los subprocuradores que estaban tomando todas las decisiones, finalmente el fiscal entendió

aquello de que “santo que no es visto no es adorado” y  finalmente reapareció junto al presidente López Obrador para mandar el mensaje de que la Fiscalía está nuevamente activa para cumplir su

papel en este gobierno en el que, pese a la autonomía que tanto reivindica el fiscal en el discurso, en los hechos la FGR sigue siendo el "brazo jurídico" de la 4T.

Así es que, a todos aquellos que estén en la lista de carpetas y denuncias pendientes en la FGR, sean políticos, exfuncionarios o empresarios, es momento de comenzar no a preocuparse, sino a ocuparse y a conseguir una defensa jurídica.

Porque en plena época electoral, un mes antes de que empiecen las campañas de los comicios estratégicos de este 2021 -donde la prioridad del presidente López Obrador es mantener su mayoría legislativa para poder continuar su "transformación" en la segunda mitad del sexenio- las carpetas judiciales y las denuncias penales se convertirán en un elemento constante y que influirá, a querer o no, en las votaciones nacionales y locales del próximo mes de junio.

Si alguien creyó, por un momento, en la autonomía del fiscal y de la Fiscalía General de la República, fue por ingenuidad o por falta de información... Se lanzan los dados. Capicúa. Se repite el tiro.