La ministra contra la UNAM

Aprovechando su alto cargo como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa inició esta semana que concluye una agresiva estrategia jurídica y legal para tratar de evitar un fallo en su contra por parte de la Universidad Nacional Autónoma, en el proceso interno que abrió el Comité Universitario de Ética (Cuetica) para determinar si la actual juzgadora del Poder Judicial de la Federación plagió su tesis de licenciatura.

Como si se tratara del mundo al revés, donde la UNAM es la presunta infractora y la ministra la víctima, Esquivel Mossa recurrió a un amparo con el que podría invalidar y descarrilar el proceso de deliberación iniciado por los miembros del Cuetica y acallar a la Universidad y a su rector, Enrique Graue, para que no emita comentario, información o resultado alguno del análisis a fondo, con los testimonios de los dos alumnos involucrados, que está elaborando el Comité que depende del Consejo General Universitario.

Anoche, allegados de la ministra nos hicieron llegar un texto en el que se explican las razones por las que decidió recurrir al amparo: "El amparo que solicitó Yasmín Esquivel Mossa es para conocer más información de su caso debido a que el Comité de Ética de la UNAM fue creado en agosto de 2019. Por ley sus decisiones no tienen injerencia en hechos ocurridos previamente, esto es en 2018. Por ello sus resoluciones no tendrían efectos sobre hechos que sucedieron hace 37 años, debido a que no es retroactivo. No se busca frenar la investigación, como mujer de leyes ha buscado llevar el caso por la vía jurídica y no litigarlo en medios. El amparo es para conocer la legalidad, forma de proceder y saber cuáles son los lineamientos del Comité de Ética de la UNAM en este caso, debido a que por estatutos únicamente tiene las facultades de vigilar y atender asuntos éticos inherentes de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, más no de exalumnos", dice la explicación.

La ministra desde el primer momento ha asegurado que es la autora original de la obra y que la comenzó a escribir desde diciembre de 1985. Se han integrado en el proceso los testimoniales de la asesora Martha Rodríguez que reconoce que la funcionaria pública es quien escribió primero la tesis, e inclusive la declaración de Edgar Báez, que ya reconoció ante un notario público y en un audio y video que tomó algunas referencias de la tesis de Esquivel Mossa.

"Las pruebas y evidencias son más que contundentes, en ningún lugar del mundo cabría la duda que Yasmín es la autora original de la obra y tiene la razón, además de ser la víctima del caso", dice uno de los argumentos que la ministra presentó a través de su representante ante los integrantes del Cuetica el pasado lunes.

Aunque tiene derecho como cualquier ciudadana a solicitar un amparo por actos de autoridad o abusos de instituciones gubernamentales en su contra, resulta por demás extraño e inusual que una ministra de la Corte solicite la protección de la justicia federal, sobre todo en contra de su propia universidad -donde cursó su carrera de manera gratuita- y contra un Comité de Etica que lo único que está haciendo, en sentido estricto, es lo que le reclamó la comunidad universitaria y la propia Yasmín Esquivel, quien se quejó, ante el linchamiento público del que fue objeto, de que la UNAM no había actuado apegada al debido proceso para investigar a fondo la denuncia de plagio y no le había garantizado su derecho de audiencia.

Hasta donde supimos, porque así lo informó el propio rector Graue, la ministra Esquivel compareció ante el Cuetica a través de un representante con el que defendió su presunción de inocencia en este caso de plagio; a través de su representante presentó sus 18 pruebas técnicas, científicas y testimoniales que demuestran que es la autora original de la tesis en litigio.

Luego entonces si la propia juzgadora validó de algún modo el proceso universitario, al aceptar participar con su declaración ante los miembros del Comité, ¿por qué dos días después de su declaración decidió solicitar una suspensión provisional en busca de un amparo definitivo que invalide el procedimiento universitario y a los sinodales designados para llevarlo a cabo? ¿Será que la ministra no confía en su inocencia, que tanto ha defendido o será que tiene información de que el Cuetica y el rector la señalarán como responsable del plagio y le impondrán sanciones?

Anoche la agresiva estrategia jurídica de la ministra tuvo respuesta por parte de la Universidad Nacional, que en un comunicado oficial dijo que aunque respeta y acatará lo ordenado en la suspensión provisional que otorgó el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, en el sentido de no divulgar información relativa al caso de plagio, también contempla recurrir a los recursos jurídicos que le otorga la ley y dejó en claro que "la UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad".

Y mientras la ministra recurre al Poder Judicial, ayer viernes al interior de la Suprema Corte reaccionaron por fin, después de mes y medio de las denuncias y señalamientos de plagio contra una de sus integrantes. El silencio total que había mantenido la Corte se rompió ayer cuando se le dio trámite a la consulta 1/2023 presentada por la ministra presidenta Norma Piña, para determinar qué trámite le darán a las varias denuncias de ciudadanos, abogados y congresistas en contra de Esquivel Mossa por el presunto plagio.

La consulta fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara, quien deberá definir qué procede para que el pleno determine qué pasos se seguirán con casi una decena de denuncias contra la ministra Esquivel presentadas ante la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas de la SCJN. Este procedimiento iniciado por la ministra Norma Piña plantea que "no hay claridad sobre cómo procesar las denuncias contra una ministra en funciones por hechos que no ocurrieron durante su nombramiento en la SCJN, que inició en 2019, sino hace 35 años" y ante ese vacío pide que se estudie y se vote en el pleno si procede iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa o qué debe de hacerse con esas denuncias.

Veremos cómo termina todo este enredo de amparos, mordazas y uso del poder que tiene un alto cargo judicial; por lo pronto a la UNAM la silenciaron, pero quién sabe si eso impedirá que la máxima casa de estudios emita un dictamen que puede no gustarle a la ministra ni a sus amigos de la 4T... Los dados mandan Serpiente Doble. Semana de caídas y bajadas.