Baja California, entre la tragedia y el narcogobierno

El brutal asesinato de tres jóvenes surfistas extranjeros en las playas de Baja California, dos hermanos australianos y un amigo estadounidense que apenas rebasaban los 30 años, ha puesto los reflectores sobre lo que está pasando en ese estado donde la violencia del narcotráfico ha vuelto con toda su crudeza e impunidad, en medio de denuncias públicas y abiertas sobre la existencia de un “narcogobierno” encabezado por la gobernadora morenista, Marina del Pilar, a quien su antecesor en el cargo, el también senador por Morena Jaime Bonilla, ubica como “la jefa de un cártel que le disputa la plaza a los otros cárteles del narcotráfico” que ya existían en la entidad norteña.

La ejecución de los hermanos Jake y Callum Robinson y de su amigo estadounidense Cater Rohad, asesinados de un tiro en la cabeza por un grupo criminal que, según la Fiscal estatal, “les querían robar las llantas” de su camioneta, representa un acto de brutalidad, pero también de la impunidad con la que actúa el crimen organizado en un estado en el que la violencia narca regresó con toda su fuerza a partir del actual gobierno morenista. A los tres jóvenes que visitaban las playas de Rosarito para practicar el surf, los asesinaron y desaparecieron arrojándolos a un pozo, donde fueron encontrados este fin de semana por las autoridades, luego de que se reportara su desaparición desde el pasado viernes.

Aunque las cifras que maneja el Gobierno estatal y el Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan supuestas disminuciones en homicidios dolosos y feminicidios, la realidad que viven cotidianamente los bajacalifornianos y la percepción de inseguridad de 63% en el estado, según la encuesta Envipe del Inegi, contradicen a las cifras oficiales. El Centro de Estudios Económicos de Tijuana (CEET) ha dicho en un análisis de la situación en la entidad que la inseguridad ha creado un fenómeno de “policrisis” y el “estancamiento casi secular” de la economía de Baja California por lo que denominaron la peor crisis de los últimos cinco años con un avance anual de 12%, lo que se traduce en 109 mil 721 delitos en enero de 2023, a dos años del inicio del gobierno de Marina del Pilar.

Desde enero de 2021, cuando se registró una baja en la incidencia de delitos en Baja California con siete mil 98 casos durante el periodo de pandemia, en comparación con 2020 que registró siete mil 831 casos, la incidencia delictiva registrada durante el mes de enero ha aumentado 40% para 2024. Según datos del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, con base en informes de la Fiscalía General del Estado, para 2022 se registraron siete mil 143 casos de delitos, cifra que fue en ascenso para 2023 cuando se registraron ocho mil 10 casos, aumentando 24% para 2024 con nueve mil 929 casos registrados.

“Los datos de inseguridad que escalaron a niveles preocupantes, llegan a esa confluencia de calamidades que podemos definir de policrisis, acentuando el estancamiento económico de más de dos décadas”, dijo el Centro de Estudios Económicos de Tijuana, al mencionar que en 2022 se tuvo el mayor cierre de empresas desde 2008 y la inseguridad ha sido uno de los factores de que se vayan las empresas de Baja California “tal como lo muestra la salida de casi 520 millones de dólares en tres trimestres”, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera.

Delitos comunes como la violación de mujeres registran cifras históricas con 32.5% de aumento, mientras que los robos en la vía pública y secuestros alcanzaron también su máximo nivel con una elevación de 18.3%, mientras los secuestros un 20%. En cuanto al desempeño de la Fiscalía General del Estado, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Roberto Quijano, afirma que sigue sin arrojar resultados satisfactorios. Baja California ocupa los últimos lugares a nivel nacional en la persecución y presentación de delincuentes ante un juez, siendo la Fiscalía número 28 de 32 a nivel nacional.

Todo eso ocurre mientras a la Gobernadora morenista la acusan de tener vínculos directos con el narcotráfico. Desde la tribuna del Senado, su antecesor en la gubernatura y actual senador por el PT, Jaime Bonilla, acusó en septiembre del año pasado que su sucesora “encabeza un cártel del narcotráfico” y dijo que Marina del Pilar “desde su administración le disputa la plaza a otras organizaciones delincuenciales”. En aquella ocasión, al igual que en videos que sube regularmente a sus redes sociales, el exgobernador Bonilla le ha pedido al presidente López Obrador “que ponga los ojos en Baja California ya que no tenemos un gobierno”. A la Gobernadora, repite en varias publicaciones el empresario y amigo de López Obrador, “no le importa el oficio político y le interesan más los Tik Toks, las fiestas, bailar y cantar, como se ha visto desde hace dos años”.

Pero Bonilla, quien tuvo fuertes diferencias y un rompimiento político con su sucesora por investigaciones a su gobierno, no es el único que ha apuntado hacia una vinculación desde el gobierno de la morenista con el narcotráfico. Información que dan fuentes de agencias estadounidenses desde San Diego, California, afirma que el exfiscal de Baja California con la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, Ricardo Iván Carpio Sánchez, se volvió testigo protegido en los Estados Unidos y estaría dando información sobre “colaboradores de la gobernadora que pactaron con grupos del crimen organizado como el CJNG, para financiar su campaña y obtener protección del Gobierno estatal, así como golpear a grupos contrarios”.

Si a eso se añade la información que se escucha en las áreas de inteligencia de la Defensa Nacional, sobre presuntos vínculos del esposo de la Gobernadora, Carlos Torres, con grupos delincuenciales, el tema se vuelve más que delicado. Justo hace tres días el exgobernador Jaime Bonilla afirmó en sus redes sociales que Torres había sido detenido por la DEA en territorio estadounidense, aunque la información fue desmentida con una publicación en el Facebook del marido de la Gobernadora, quien por cierto es actualmente candidato a la reelección como senador por el Partido del Trabajo.

Veremos en qué termina toda esta historia de inseguridad y violencia que está afectando ya no sólo a los bajacalifornianos, que la viven cotidianamente, sino ahora también a los turistas extranjeros que visitan ese estado. Está claro que a la gobernadora Marina del Pilar la seguridad se le fue de las manos y ha perdido el control del tema más sensible para la principal frontera común con los Estados Unidos. Y de lo que tanto dicen de ella, de su administración y de su esposo, será cuestión de ver si se comprueban esos oscuros vínculos que no sólo se denuncian en México, por gente de su mismo movimiento político, sino ahora también en Estados Unidos… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.