Prisas en el Congreso: leyes al vapor y guerra por ley minera

Preocupados porque les quedan apenas unas horas para aprobar reformas e iniciativas que les ordenó el presidente López Obrador -antes de que termine el periodo ordinario que acaba el domingo 30, pero se quieren ir de puente desde el jueves 27-, las bancadas morenistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se debaten entre las premuras y las prisas para sacar diversas leyes que impactan la vida de los mexicanos, sin discusión, sin consultas a sectores afectados y en ocasiones sin que ni siquiera sus propios congresistas conozcan el contenido de las reformas que están aprobando desde ayer sobre las rodillas y utilizando su mayoría en San Lázaro.

Así, para la noche de ayer, la aplanadora de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados ya habían aprobado, con las protestas y votos en contra de la oposición, darle el control y operación del Tren Maya al Ejército por tiempo indefinido; la desaparición del fracasado INSABI que sustituyó al Seguro Popular para mandar su presupuesto y recursos al IMSS-Bienestar, y se disponían a aprobar la eliminación de al menos 18 organismos, fideicomisos e instituciones públicas entre ellos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la Financiera Rural, el Fideicomiso Minero, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Inapam, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Salud de la Infancia y el Instituto Nacional de la Juventud, entre otros 18 organismos públicos que serán reducidos a áreas administrativas o de plano desaparecerán de la administración pública federal.

Pero eso no es todo, también a las carreras y sin mayor discusión con la golpeada y perseguida comunidad científica, las bancadas de Morena y sus aliadas se disponen a aprobar reformas a la ley de Ciencia y Tecnología, con lo que prácticamente desparecerán al Conacyt y su sistema actual de becas y financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica. Además, de modificar la Ley Federal de Turismo y leyes fiscales para que los impuestos que pagan los turistas en México ya no se le entreguen a Sectur ni a Fonatur para promover la imagen del país, sino que se destinen íntegros a la construcción del Tren Maya.

En la Cámara de Diputados, bajo la coordinación de Ignacio Mier, se está operando para que se aprueben todas esas iniciativas sin mayor discusión ni análisis, para cumplir con la consigna del presidente López Obrador, cuyo gobierno es el autor de la mayoría de esas reformas a leyes secundarias. La oposición ha denunciado no sólo el "mayoriteo" de Morena, sino incluso la violación a los procesos parlamentarios y a las consultas necesarias a ciudadanos y sectores que se verán afectados con estos cambios legales, pero ante la aplanadora morenista, que sólo escucha y obedece al Presidente, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC solamente están dando un debate testimonial de su rechazo a que se legisle "al vapor y sobre las rodillas" por las premuras que impone la agenda del Presidente.

Claro que en el Senado el panorama cambia y muchas de esas leyes, que están saliendo aprobadas con prisas por los diputados oficialistas, podrían terminar siendo frenadas por los senadores, sobre todo por las divisiones que hay en la bancada morenista. Ese fue el caso ayer de las reformas a la Ley Minera que fue aprobada la madrugada del viernes pasado en San Lázaro, también sin que se conociera a fondo su contenido, que fue modificado de la iniciativa original que había enviado el Presidente. Ayer en el Senado, las Comisiones de Estudios Legislativos y de Minería y Desarrollo Regional no pudieron dictaminar las reformas a las leyes mineras porque afloraron divisiones entre Morena y el PT y el PVEM, además de que la oposición cuestionó el procedimiento legislativo realizado en San Lázaro.

A pesar de que un grupo de senadores oficialistas encabezado por Napoleón Urrutia, líder minero y presidente de la Comisión del Trabajo, presionaba para que se dictaminara ayer mismo la iniciativa y se pudiera mandar hoy al pleno, el morenista Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda propuso que las dos comisiones se instalaran "en sesión permanente" ante los desacuerdos expresados por diputados del PVEM y de la oposición. La decisión de Espino molestó a los morenistas que acusaron que, con esa decisión y la posible modificación del dictamen enviado por los diputados, se evitaría la aprobación de la Ley Minera en los cuatro días que le restan al periodo ordinario y se le estaría condenando a irse hasta el mes de septiembre, cuando arranca una nueva legislatura.

Incluso detrás de las divisiones entre los morenistas y sus aliados, hubo fuertes acusaciones del senador Gómez Urrutia, quien aseguró que "el brazo de las grandes empresas mineras llegó hasta el Senado" y acusó que los intereses de los empresarios del sector de minería (Germán Larrea, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y las poderosas mineras canadienses) están detrás de los senadores que promovieron el alargamiento de su discusión. Además del morenista Rafael Espino, también la senadora del PT, Geovana Bañuelos, que preside la Comisión de Minería, apoyaron que se discutiera con más tiempo la iniciativa aprobada por los diputados. ¿Será a ellos y a los verdes a los que se refiere Napoleón, cuando habla de que fueron tocados por el brazo de las compañías mineras?

Veremos en qué termina la división morenista en la que hoy, un grupo de al menos 20 senadores, incluido el líder minero Gómez Urrutia, insistirán en "dar la batalla" para que se apruebe antes del 30 de abril la nueva Ley de Minería, porque claramente los que frenaron esa iniciativa del presidente López Obrador no están en la oposición, sino dentro de la propia bancada oficialista. Así que, entre intereses económicos, prisas y premuras por quedar bien con un Presidente que hoy está ausente por enfermedad, los diputados y senadores de Morena están dispuestos a todo para sacar la mayoría de iniciativas y reformas, aún sin suficiente discusión ni análisis. Total, los que pagan las consecuencias de su servilismo, negligencias e improvisaciones al momento de legislar son los mexicanos.