La militarización le empieza a pasar factura a AMLO

En los últimos cinco días el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido varios reveses, lo mismo judiciales que periodísticos y hasta diplomáticos, todos relacionados con una de las decisiones de política pública más controvertidas que tomó en su gobierno: la militarización de la vida civil de la República y los presupuestos y financiamientos millonarios que le ha entregado a las Fuerzas Armadas mexicanas. Esa decisión –que en su momento fue un giro radical en las posiciones de López Obrador contra el uso político del Ejército– convirtió a los militares en los principales asesores, brazo ejecutor y operador de su autonombrada 4T y, en la recta final de su gobierno, empieza a tener altos costos para el presidente.

El primer revés llegó el viernes pasado desde la Casa Blanca, con el anuncio de que el Departamento de Justicia y la DEA iniciarían la búsqueda, persecución, captura y extradición de los principales líderes del Cártel de Sinaloa: Ovidio, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los tres hijos del "Chapo" Guzmán, lo que significó, en los hechos, un rebasamiento del gobierno y el Ejército mexicanos, que no pudieron o no quisieron detener a los dos Chapitos libres, ni extraditar a Ovidio, aun cuando son los principales responsables de la fabricación y exportación de drogas como el fentanilo a los Estados Unidos.

El segundo revés para el presidente y su política de militarización fue doméstico y llegó con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que decidió, primero el lunes invalidar por inconstitucional la intervención de comunicaciones privadas de ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas (léase Sedena y Marina con sus áreas de inteligencia), si no existe de por medio una orden librada por un juez; la mayoría de ministros de la Corte le dieron la razón a una queja de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH que acusó espionaje ilegal de la Defensa Nacional a ciudadanos civiles.

Y ayer martes el mismo pleno de la Corte le propinó el que sin duda será el mayor revés que le haya dado el Poder Judicial al actual presidente: que el traspaso de la Guardia Nacional, la corporación emblema de la política de seguridad de este gobierno, del ámbito civil al militar fue una decisión inconstitucional propuesta por el presidente y aprobada por el Congreso. Por mayoría de ocho ministros, se aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que invalida la transferencia de la Guardia de la Secretaría de Seguridad federal a la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo el argumento de que dicho cuerpo policiaco fue creado en la Constitución como un ente civil y como tal debe permanecer y funcionar. Sólo tres ministros votaron en contra de la inconstitucionalidad: Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz, quienes respaldaron los argumentos del gobierno sobre la necesidad de "consolidar a la Guardia Nacional bajo el mando militar".

La decisión de los ministros, que seguramente será hoy repudiada y rechazada por el presidente, tal y como ya lo empezaron a hacer desde ayer en las redes sociales sus seguidores y fanáticos que hablaban de una "traición al pueblo" por el fallo constitucional de la mayoría de la Corte, significa un golpe a la columna vertebral de la política de militarización de la vida civil emprendida por este gobierno.

El enorme poder que han asumido el Ejército y la Marina en este sexenio, tenía una de sus principales expresiones en el control de un cuerpo policiaco que, desde su origen, se formó con casi el 70% de personal militar, pero que desde su creación se estableció en la reforma constitucional que le dio vida, que debía ser adscrito, controlado y operado por los mandos civiles, algo que en los hechos nunca ocurrió porque siempre fue el Ejército quien nombró a los comandantes de la Guardia, además de que desde la oficina del general secretario se le daban órdenes al primer secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, igual que se le siguen dando a la actual secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Pero aun cuando el control de la seguridad y de la GN siempre estuvo en manos del Ejército, legal y constitucionalmente el cuerpo siempre fue civil y cuando el presidente López Obrador propuso cambiar su naturaleza para darle el control administrativo y presupuestario al Ejército, decidió apostar todo su capital político y su mayoría en el Congreso, que tuvo que contar con los votos de una parte de la oposición en el Senado, bajo el argumento de que sólo los militares podrían "consolidar" a la Guardia, aunque en el fondo su interés siempre fue político y se refería más a la necesidad de contar con el respaldo total de los militares para sus planes de continuidad de su movimiento en la Presidencia de la República en 2024.

Y el último revés –y uno de los más penosos porque exhibe los altos costos políticos que terminará pagando López Obrador por enriquecer y atiborrar a la Fuerzas Armadas y a sus generales y almirantes de presupuestos millonarios, obras, empresas y cuanto negocio se le ocurrió darles a los militares a cambio de su lealtad incondicional– se refiere a la investigación documentada por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna y las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y Fábrica de Periodismo que, con base en filtraciones de los Guacamaya Leaks, exhibieron los viajes de lujo que, acompañado de su familia y amigos, realiza por todo el mundo nada menos que el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

La incongruencia y la burla de la supuesta "austeridad" de este gobierno queda exhibida en documentos internos, cables y oficios de la Secretaría de la Defensa que dejan ver cómo el general se hace acompañar de su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta y a veces hasta su consuegra, en viajes oficiales que lo mismo son a Seúl, en aeronaves oficiales, que a Nueva York en clase ejecutiva comercial o a Italia, donde le reservaron a Sandoval y a su familia un vagón completo del tren para que pudieran viajar cómodos y sin ser molestados por otros pasajeros.

Fue tal el impacto de saber que la corrupción y los excesos y lujos en las Fuerzas Armadas son una de las primeras consecuencias del empoderamiento político y financiero que han tenido los militares en este gobierno, que el presidente enmudeció y en vez de explicar por qué su general, uno de sus asesores de más confianza viaja tan lujosamente y con cargo al erario con todo y familia, anunció que se reservará toda la información de la Defensa y de Marina al mismo tiempo que lanzaba una fuerte acusación de espionaje contra las Fuerzas Armadas por agencias del gobierno de los Estados Unidos como la DEA y el Pentágono: "Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA", dijo el mandatario mexicano que ayer provocó todo tipo de reacciones en Washington ante sus acusaciones de espionaje.

Está claro que, entre las muchas crisis que se le empiezan a configurar rumbo al fin de su sexenio, la de los militares y su empoderamiento será una de las que más golpearán políticamente a López Obrador que empezará a pagar los costos de haberse recargado en el Ejército y en la milicia con su brazo derecho, en parte por su miedo histórico a sufrir un golpe de Estado o un atentado, y en parte porque, ante la incapacidad de su gabinete y de su proyecto de gobierno, le fue más fácil recurrir a la fuerza militar para gobernar con los generales y volverlos una especie de agencia constructora, aviadora, marítima y darles el control de muchas áreas de la vida civil. Lo peor es que el presidente pretende ignorar que, una vez que él se vaya del gobierno, los militares y las Fuerzas Armadas cambiarán su lealtad hacia quien llegue a la Presidencia, pero los escándalos de corrupción, excesos y abusos de fuerza, esos perseguirán al futuro expresidente hasta los lejanos confines de la región ignominiosa que le da nombre a su rancho en Palenque.