Ayotzinapa, a ocho años se calienta... y lo que viene

Faltan 10 días para que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el ambiente no podría estar más tenso en vísperas de esa conmemoración. Las conclusiones de las nuevas investigaciones que dio el subsecretario Alejandro Encinas, como cabeza de la Comisión para la Verdad y la Justicia, con las que, según el discurso oficial, se sepulta definitivamente la "verdad histórica" con el encarcelamiento de su creador, el exprocurador Jesús Murillo Karam, no convencieron del todo a los padres de los estudiantes ni a sus abogados y defensores que lo tomaron con escepticismo y pidieron su opinión al GIEI, que también ha expresado dudas sobre el informe oficial.

"No conocimos, ni hemos accedido directamente y examinado el material del cual surgieron las capturas de pantalla que aparecen a partir de la página 38 del Informe. Tampoco hemos accedido a los peritajes que se practicaron sobre los mismos", dicen los Expertos Independientes en un comunicado, luego de que los padres les pidieran revisar la veracidad y solidez del documento presentado por el gobierno de López Obrador. Se refieren a la narración de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, a las horas posteriores y a los intentos por esconder lo sucedido. En las páginas que mencionan del informe oficial se habla de que las corporaciones policiacas participaron junto a Guerreros Unidos en el secuestro a los jóvenes, su asesinato posterior y la dispersión de los cuerpos en distintos puntos de la zona; toda la narración se sostiene en mensajes de texto y llamadas interceptadas de teléfonos que son los que dice el GIEI que no han visto.

El escepticismo de los padres, que no han validado la nueva versión oficial de los hechos ocurridos hace ocho años, ha elevado los niveles de tensión en vísperas del octavo aniversario del caso Ayotzinapa, tanto que en los últimos dos días los normalistas se han activado y han ejecutado dos ataques contra instalaciones militares de Guerrero; primero el martes contra la Zona Militar de Chilpancingo, en donde vandalizaron y tiraron la puerta principal con un camión de refrescos al que hicieron explotar y ayer en Iguala, donde le prendieron fuego también a un camión en el acceso del cuartel del 27 Batallón de Infantería del Ejército, que es precisamente al que pertenecían los 20 altos mandos y tropa a los que se les giraron órdenes de aprehensión por su presunta participación en el ataque a los normalistas en 2014.

Y es que lo que los padres de los jóvenes desaparecidos y sus representantes como Vidulfo Rosales han reclamado desde hace años que la Fiscalía General de la República dé un vuelco real a la investigación y documente, por ejemplo, el vínculo entre las autoridades de Guerrero con el crimen organizado, una línea en la que no ahonda el nuevo informe de la Comisión de la Verdad. Las mismas investigaciones, tanto las anteriores como las nuevas, señalaban que uno de los líderes de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, financió campañas políticas en el estado, entre ellas la del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ya en el poder permitió que ese grupo criminal tomara el control de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, además de controlar los cuerpos policiacos de la zona centro de Guerrero.

Justo ayer que un juez federal, con sede en Tamaulipas, absolvió al exalcalde de Iguala José Luis Abarca del delito de secuestro, que es apenas uno de los que le imputaron para encarcelarlo, se revive la historia nunca aclarada y menos investigada sobre la relación personal y sentimental que existió entre Ángel Aguirre y María de los Ángeles Pineda, hermana de Mario Pineda Villa, alias el "MP", y Alberto Pineda Villa, "El Borracho", ambos asesinados justo hace ocho años, después de los hechos de Iguala, y quienes fueron miembros del Cártel de los Beltrán Leyva.

La relación entre el entonces gobernador de Guerrero y la familia Pineda Villa-Abarca Velázquez estuvo no sólo detrás de la complicidad con los grupos delictivos que desaparecieron a los normalistas y el financiamiento a la campaña de Aguirre, sino también en el impulso político a José Luis Abarca, que pasó de ser dirigente municipal del PRD a ser candidato a la alcaldía; esa fue una línea de investigación que ni el gobierno de Peña Nieto, ni el de López Obrador decidieron indagar. Sin el soporte de esa complicidad entre el poder político estatal y el grupo criminal no se entendería que Abarca Velázquez haya pasado, en menos de una década, de ser un vendedor de sombreros en un negocio familiar y tener un local de venta de oro, a convertirse en un próspero empresario de centros joyeros, con más de 90 propiedades en distintos estados de la República Mexicana, principalmente en Iguala donde poseía centros joyeros y la Galería Tamarindos, con un valor de 350 millones de pesos. Esa alianza entre el gobernador y los Abarca-Pineda explica por qué los Guerreros Unidos tenían el control de las presidencias municipales y los mandos policiacos de toda esa región del estado.

El mismo abogado Vidulfo Rosales insistió durante años en que se recopilaran evidencias que obran en expedientes judiciales para probar la participación de Ángel Aguirre Rivero, a través de la policía estatal, además de la Dirección Estatal de Protección Civil que también habrían actuado aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en la cacería de los estudiantes normalistas.

Y si todas esas dudas y escepticismo no fueran suficientes para augurar un complicado y tenso 26 de septiembre, como el que se aproxima en 10 días, circula en el gobierno federal una versión que dice que desde Palacio Nacional se ha dado la orden de "cancelar o suspender" las 20 órdenes de aprehensión giradas en contra de mandos de 20 mandos militares y personal de tropa del Ejército mexicano de los batallones 27 y 41 en la ciudad de Iguala. La versión, de fuentes confiables, dice que la presión de las cúpulas militares estaría detrás de esa petición para que se suspendan las órdenes, pero que la Fiscalía General de la República se niega a desistirse de las acusaciones que presentó al Juez Segundo de Procesos Penales en el Estado de México.

En todo caso, entre las conclusiones que no convencen a los padres ni a los expertos del GIEI, la detención y encarcelamiento de Murillo Karam con base a una supuesta reunión que no aparece claramente mencionada en declaraciones del testigo colaborador, la negativa del gobierno a ahondar en los vínculos políticos y criminales entre los Abarca-Pineda y el exgobernador Aguirre Rivero, y la activación violenta de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, que están atacando instalaciones del Ejército, todo indica que el 26 de septiembre próximo no será una fecha en donde se cierre el expediente del caso Aytozinapa que el presidente López Obrador ofreció llegar a "toda la verdad y la justicia", hoy esa promesa incumplida, como muchas otras, se le empezará a revertir.